No todo quejido es razonable

Una ensalada de sindicatos gremiales viene castigándonos las meninges desde hace meses con que no hay derecho a que la Consejería de Sanidad emplace a los médicos y enfermeros de atención domiciliaria a utilizar alguno de los 153 coches de trinca que ha adquirido para sus desplazamientos. ¿Y saben qué les digo? Pues que acabados son cuentos. ¿Cómo tienen el valor de argüir que si no contrata asimismo conductores los galenos llegarán inevitablemente tarde y de mal humor a su destino porque se perderán por el camino y les costará aparcar? Sí. Ahora serán minutos lo que cuentan quienes llevan semestres en lista de espera quirúrgica. La culpa, de todos modos, no es suya. Por pedir que no quede. La culpa, mal que me pese decirlo, es de quienes les hacen el caldo gordo dando por buenos sus quejidos y no les mandan a freír espárragos de viento en cuanto emiten la menor milonga. Porque mira que la respuesta que ha dado a entender la Administración es razonable. Satisfacer la demanda de este colectivo obligaría a crear 765 nuevos empleos, tantos como vehículos y turnos laborales existen (cuatro más el de fin de semana). Lo cual supondría un desembolso de casi 17 millones de euros. Una suma que siempre será preferible destinar a la incorporación de personal asistencial, a la mejora del servicio o a dinamizar el tránsito en los quirófanos. Vamos, digo yo desde la estupefacción que me provoca observar cómo los mismos cándidos correveidiles que se toman en serio los lamentos de estas en modo alguno desvalidas criaturas consideran que Glovo es la leche en bicicleta y Cabify, el no va más en 'star-ups' de movilidad, signifique lo que signifique el anglicismo. Cuando resulta que la primera de estas «plataformas», catalogada unánimemente de «puntera en el mercado tecnológico europeo» a raíz de la inversión de 150 millones de euros que ha realizado en ella el fondo soberano de Abu Dabi, descuenta a sus pobres ganapanes ('ridders', al decir edulcorado de no pocos medios de comunicación) la cuota de autónomos, el mantenimiento de la bicicleta y el seguro. Y la segunda, Cabify, una simple agencia de viajes a efectos legales, obliga a quienes le prestan el servicio a poner el coche, la licencia de VTC, los seguros y la seguridad social. «Es que nos quieren restringir el uso de taxis a situaciones excepcionales y pretenden obligarnos a repostar antes de que nos quedemos sin gasolina», alegan estos delicados sindicalistas. ¿Y qué? Mientras no se la descuenten de sus honorarios no tienen de qué quejarse. Son miles de empresas las que se limitan a abonar el kilometraje de los desplazamientos de trabajo que realizan sus empleados ¡en sus utilitarios! ¿O acaso no saben que para recoger las migajas del negocio de Amazon, la alternativa preferida de Compromís frente al, en su opinión, trasnochado modelo de Puerto Mediterráneo, es condición 'sine qua non' aportar las dos cosas, el combustible y la furgoneta?