GARZÓN, ¿POR QUÉ NO?

Me puedo imaginar a un Josep Llinares, director de la Agencia Antifraude y a quien no tengo el gusto de conocer (ni a él ni a la citada Agencia) bien proponiendo o bien aceptando el fichaje de Baltasar Garzón como asesor del organismo, instituto, entidad o lo que quiera que sea. Y puedo hasta reproducir mentalmente el diálogo corto y tajante con el funcionario o cargo político de confianza que se atreviera a recordarle que el polémico exmagistrado fue apartado de la carrera judicial por una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a raíz de unas escuchas ilegales a los procesados de la Gürtel que se realizaron mientras estaban en prisión. ¡Bah!, seguró que soltaría Llinares, pelillos a la mar, que al fin y al cabo eso no es corrupción. Porque ya saben todos ustedes y si no lo saben yo se lo vengo a recordar, que una vez invalidado el criterio de que un político debe dimitir cuando es imputado por la acción de la Justicia, y que es el que el tripartito mantuvo en sus largos y duros años de la oposición, ahora lo que vale es que el superior jerárquico decida si el caso por el que el compañero de turno se ve en problemas es o no corrupción. ¿Y quién dice si es o no corrupción? Pues quién va a ser, su jefe, o lo que es lo mismo, su valedor, que se atribuye el papel de juez y parte para repartir credenciales de respetabilidad y de inocencia o negárselas al Papa de Roma si fuera preciso. ¿Puede parecer inadecuado, por no decir impresentable, que un magistrado que se metió a político, salió de la aventura tan escaldado como vapuleado y tras volver a sus antiguas ocupaciones acabó siendo puesto de patitas en la calle por sus propios compañeros de profesión por no cumplir las leyes sea ahora el fichaje estrella de una Agencia que se llama Antifraude? Pues claro que lo es, pero al fin y al cabo Llinares podría preguntar (e igual lo hizo): ¿y no es improcedente que al frente de la EMT estén un concejal y un gerente sin experiencia profesional y que encima no son capaces de utilizar como viajeros su propia compañía para comprobar en primera persona cómo funciona? ¿O no es digno de comentario que se ponga el frente de la secretaría autonómica de Empleo a un 'hooligan' cuya gran aportación a la política valenciana desde que cobra un sueldo público son sus tuits a cual más incendiario y que por incluir incluyen hasta el descrédito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Podría seguir con consellers que tienen que gestionar una educación concertada en la que no creen (y que de buena gana prohibirían) o unos 'sectores productivos' que les suenan a capitalismo salvaje, o con diputados autonómicos que no creen en las autonomías y diputados provinciales que quieren cargarse las diputaciones. Así que, ya puestos, Garzón... ¿por qué no?