El nuevo decreto de residencias de Mónica Oltra amenaza con eliminar 10.000 plazas

En el sector hay intranquilidad. Una de las premisas que establece el decreto es que las residencias tendrán un mínimo de 40 plazas y un máximo de 100. En la Comunitat hay 107 residencias que tienen más de un centenar, por lo que el ajuste del decreto se carga de un plumazo un total de 4.205 plazas. A esta situación se suma la obligación de que el 75% de las habitaciones de los centros residenciales tienen que ser de uso individual, algo que ahora mismo no se cumple. Si los centros contaran ya con el 25% de las habitaciones individuales, habría que eliminar, según los cálculos elaborados por el sector, 6.077 plazas más.

De esta manera, con estas dos condiciones recogidas en el decreto se produce un tijeretazo importante a la oferta de residencias en la Comunitat Valenciana, donde la inmensa mayoría de las plazas siguen siendo de naturaleza privada. Casi una de cada tres plazas quedaría anulada por el límite de internos y por la obligación de que al menos tres de cada cuatro habitaciones sean individuales.

Un número que ahora mismo no es una realidad y que es insuficiente. Un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, elaborado con cifras del Imserso, apunta que la Comunitat Valenciana requiere 22.960 plazas más para llegar a la ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que apunta que debería existir al menos cinco plazas por cada cien mayores de 65 años en un territorio. Si no se amplía la oferta, de las 28.270 plazas de residencia que actualmente hay en la Comunitat, se eliminarían 10.282, por lo que el ratio sería de dos por cada cien mayores de 65 años, lo que deja al territorio valenciano muy lejos de los parámetros que marca la OMS.

En este decreto es especialmente preocupante la situación en la que se queda la ciudad de Valencia, una de las localidades más castigadas por la falta de una oferta amplia de residencias para mayores. La ciudad tiene 26 centros que ofertan 2.300 plazas, de los que diez superan el centenar, por lo que el nuevo decreto representa eliminar 470 plazas. El Plan Convivint sólo prevé un centro para la ciudad y con la obligación de las habitaciones individuales, en Valencia se pueden perder del orden de 890 plazas, por lo que la ratio se situaría en 0,86 por cada cien mayores de 65 años.

Además, la nueva normativa provocaría un aumento notable del precio porque hay que elevar el número de personal contratado. Actualmente el precio medio es de 1.900 euros por plaza de residencia. Si las empresas tienen que aumentar la plantilla en función de las exigencias del nuevo decreto, el precio se dispara y se sitúa entre 2.500 y 3.200 euros al mes, según la estimación que ha hecho el sector.

Además, la orden del 4 de febrero de 2005 establece que la superficie útil por persona usuaria es de 20 metros cuadrados. El decreto del área de Oltra que ya está en Les Corts aumenta este espacio hasta los 50 metros cuadrados. El incremento de la exigencia en 30 metros cuadrados hace inviable, según las fuentes consultadas, la ampliación de espacios y provocará que sea inviable habilitar muchos de los actuales, lo que lleva a una doble decisión: cerrar el centro o repercutir en el precio de la reforma sobre los residentes.

Parte de las empresas del sector considera que estas medidas favorecen a las grandes firmas, que son las que copan la mayoría de las residencias de la Comunitat. Hay que apuntar que la conselleria se ha visto obligada a mantener los actuales contratos por la vía del «enriquecimiento injusto» –prorrogar el servicio sin concurso– Con este decreto, lleno de exigencias, las actuales empresas son las que consolidan su posición.

La diputada autonómica del PPCV Elena Bastidas ha pedido la paralización del decreto «porque paraliza los derechos para los usuarios». Los populares han presentado la iniciativa en la Cámara regional.