Nueva sentencia contra Oltra por apartar de concursos a empresas

«¿Cuántas resoluciones más hacen falta para que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas cambie su criterio discriminatorio e injustificado?», se preguntaba ayer José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte). Toro realizaba estas valoraciones después de conocer la tercera resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que anula las cláusulas impuestas tanto por el departamento que dirige Mónica Oltra como por el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona en concursos para la gestión de distintos servicios sociales, pero en los que se limita, o directamente se excluye, a empresas privadas, puesto que restringe el acceso sólo a entidades sin ánimo de lucro.

La última de estas resoluciones, fechada a 19 de diciembre, anula los pliegos de la licitación del Servicio de Gestión Integral de la Residencia de Acogida de Niños, Niñas y Adolescentes Els Estels de Alicante, de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, al entender el tribunal que no está justificada la exclusión de las empresas como entidades licitadoras, tal y como se recogía en los pliegos.

Esta resolución coincide con otras recientes del mismo tribunal que declaran injustificadas estas exclusiones o la introducción de criterios de adjudicación basados en la forma jurídica de la entidad, por lo que, en opinión de Toro, «no tienen respaldo normativo en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y, por tanto, se entienden contrarias a derecho».

Hace apenas medio año, el pasado mes de julio, se tuvo que paralizar el concurso para la Gestión de los Puntos de Encuentros Familiares de la Comunitat Valenciana con un presupuesto de cerca de 30 millones de euros, y por la misma razón. En octubre, asimismo, se anuló otro concurso, éste impulsado por el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona -liderado por Josep Vicent García Tamarit, compañero de partido de Oltra en Compromís- por introducir criterios de adjudicación que daban mayor puntuación a las ofertas presentadas por las entidades sin ánimo de lucro, ya que se consideraban incompatibles con la normativa de contratación pública.

En concreto, según subrayó el presidente de Aerte, en el artículo 132.1 de la Ley 9/2017 se recoge que «los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición adicional cuarta». En ninguno de los tres casos de la Comunitat, según Toro, se trata de estos contratos reservados.

Al parecer, indicó el presidente de Aerte, estas resoluciones han tenido «poco impacto» en la postura de la conselleria ya que, a pesar de que en julio se rechazó por el tribunal la exclusión de las empresas, en los siguientes concursos «ha seguido insistiendo en esta discriminación sin variar su postura, contraria a los criterios del tribunal».

«No entendemos por qué a pesar de las distintas resoluciones tan claras que ha emitido el tribunal, la conselleria no modifica los pliegos para permitir la participación de todas las entidades que trabajan en el sector de los servicios sociales. Se sigue insistiendo en la exclusión a sabiendas de que está injustificada, tal y como ha indicado en varias ocasiones el tribunal encargado de resolver los recursos especiales en materia de contratación», lamentó Toro.

Sin embargo, parece que el departamento no ha adoptado medidas concretas ante estas sentencias. El concurso de julio de los puntos de encuentro quedó paralizado, y las empresas no tienen constancia de que la conselleria haya eliminado el apartado que las excluye y haya abierto un nuevo plazo para presentar ofertas. Por tanto, están a la espera de que el departamento decida cómo afrontar la situación.

El concurso para concertar 1.550 plazas en residencias para personas mayores, dividido en varios lotes para atender a las distintas comarcas de la Comunitat, sigue dando dolores de cabeza a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, puesto que prácticamente el 25% de las plazas que pretendía contratar el departamento para derivar a usuarios no ha recibido ni una sola oferta por parte de las empresas. Según explicaron ayer desde el departamento encabezado por Mónica Oltra, la mayoría de las plazas vacantes se encuentran en los núcleos más poblados, «donde las empresas tienen asegurado el negocio y, por lo tanto, no les interesa presentarse a estos concursos». Ante ello, confirmaron que la conselleria «estudiando fórmulas para atender la demanda de plazas publicas en estas zonas, bien a través del concierto social o bien impulsando infraestructuras de carácter público».

Frente a ello, fuentes de las empresas achacaron a los bajos precios ofertados por la conselleria, alrededor de un 30% menos que las tarifas de mercado, que el concurso no haya tenido una mayor aceptación, precisamente, en las grandes ciudades, donde los costes son mayores que el poblaciones rurales de interior.

Por lo tanto, la conselleria tendrá que redoblar esfuerzos (o presupuesto) si quiere contar con más plazas en residencias a corto plazo para atender a la creciente demanda, originada por el progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. Se da también la paradoja de que si aprueba un nuevo concurso exclusivo para el tercer sector podría ser recurrido por las empresas.