La justicia confirma que el Botánico discriminó a los alumnos de la concertada durante la pandemia

La resolución impugnada se refiere al ejercicio 2020-2021, aunque la sentencia se ha conocido esta misma semana, por lo que se hace harto difícil que se derive alguna consecuencia, más allá del simbolismo. Y es que no sólo durante las dos legislaturas botánicas se registró un goteo constante de varapalos judiciales, muchos de ellos por agravios hacia la enseñanza privada sostenida con fondos públicos, sino que han seguido llegando incluso tras perderse la Generalitat.

El plan se convocó por primera vez en el citado curso a través de una resolución de la secretaría autonómica de Educación datada el 21 de diciembre de 2020, si bien la financiación provenía del Gobierno mediante un programa de cooperación territorial con las autonomías, que distribuyó los fondos entre julio y diciembre del mismo año.

En cuanto a su alcance, en la Comunitat sólo se dirigió a la pública y los docentes extras empezaron a trabajar a partir de marzo de 2021. Atendieron a estudiantes de 1º y 2º de la ESO con refuerzos en las propias aulas y con actividades extralectivas a través de grupos reducidos, incidiendo en los aprendizajes básicos, el hábito lector o la competencia digital.

Como informó LAS PROVINCIAS en su día, el sector concertado se quejó, hasta el punto de que la patronal de centros mayoritaria, Escuelas Católicas CV, recurrió la resolución ante el TSJCV, que le ha acabado dando la razón. En su momento la conselleria se justificó en que el impulso de la convocatoria por parte del Gobierno se había retrasado y en que no tenía margen suficiente para tramitar el incremento de profesorado en los concertados, más complejo que en los públicos, comprometiéndose a que la red sí sería incluida al ejercicio siguiente, como así fue.

La sección cuarta de la sala de lo contencioso, tras rechazar las causas de inadmisión que planteó la Abogacía de la Generalitat, defiende que las bases del ministerio establecían que la ayuda se concedía a «todo el alumnado con especiales dificultades para alcanzar los objetivos en la educación obligatoria (...) de centros públicos o privados concertados», como así lo entendieron «otras regiones como Aragón, Baleares, Madrid o Cataluña». En alguno de estos casos se optó por dar una cuantía económica a las titularidades para que diseñaran sus propios refuerzos o ampliaran horarios de docentes ya contratados, opciones más ágiles que una nueva incorporación y que permitieron dar cobertura a la red.

El TSJCV recuerda que la ley orgánica de Educación -apela a un artículo de LOE de 2006, que sigue vigente con la Lomloe- obliga a las administraciones a dotar «a los centros públicos y privados concertados de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar la situación de los alumnos que tengan especiales dificultades para alcanzar los objetivos educativos debido a sus condiciones sociales». Y también que este perfil se da en ambos tipos de escuelas, por lo que es necesario respetar el principio de igualdad, algo que no se consigue cuando ante situaciones similares «se margina al alumnado de los centros privados concertados a los que no llegan los fondos públicos destinados a sufragar necesidades que precisan ser atendidas con parámetros e instrumentos equivalentes a los que se conceden al alumnado de los centros públicos».

El fallo recoge diferente doctrina legal que además tiene ADN valenciano, como la sentencia del Constitucional que obligó al Botánico a rectificar la exclusión del alumnado de las universidades privadas en las becas autonómicas, o el pronunciamiento contra la resolución que no dejaba que los concertados participaran en el programa para dotar a las escuelas de auxiliares de inglés.

En cuanto a los argumentos de la administración, centró su defensa en que los centros privados concertados ya se estaban beneficiando de otra convocatoria que les permitió disponer de 26,28 millones de euros para adaptarse a la situación generada por el Covid-19, aunque como bien apuntan los magistrados se trató de ayudas con una naturaleza distinta: cumplir con los protocolos sanitarios y la distancia de seguridad en las aulas, lo que obligó a desdoblar grupos y por tanto a contratar a más profesorado con carácter general, así como a realizar modificaciones en las instalaciones o reforzar los gastos de limpieza y de comedor escolar. Es decir, no tenían nada que ver con impulsar la atención del alumnado más vulnerable.

Por último, se considera que es «prueba evidente de la ilegalidad en la que se ha incurrido» que en la resolución que dio continuidad al programa Proa+ al ejercicio siguiente (2021-2022) sí se incluyó a la concertada.

El fallo, que no es firme, condena a la administración al pago de 1.500 euros en concepto de costas y anula la resolución del ejercicio en cuestión. Además, abre la puerta a que alumnos que se vieran perjudicados puedan reclamar algún tipo de compensación económica, aspecto que debería concretarse en la ejecución de la sentencia.