El juicio por la muerte de diez burros en Castellón será el próximo marzo

El ministerio fiscal considera que estos comportamientos son constitutivos de un delito continuado de maltrato animal y que de ellos son criminalmente responsables «los acusados en concepto de autores directos». Pide por ello 20 meses de cárcel para cada uno, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión que tenga relación con animales y para la tenencia de estos durante el periodo de cuatro años y seis meses.

El objetivo de la iniciativa era la prevención de incendios. Los burros al comer podían desbrozar la vegetación paraje fomentando la limpieza del monte y favoreciendo las tareas de seguridad. Pero todo apunta que en el terreno en el que se dejó a los animales no había suficiente pasto para alimentarlos y estos empezaron a morir. El primer deceso se produjo el 6 de agosto, sólo dos días después de llegar los asnos al parque natural.

Comenzó de esta forma un lento goteo de fallecimientos que llegó hasta los diez ejemplares. El ministerio público destacó en su escrito que cuatro de las hembras abortaron. Además, nacieron dos asnos, uno de los cuales se incorporó al ganado y otro murió en la finca del propietario.

Para el fiscal los fallecimientos de estos burros se produjeron «a consecuencia de la omisión llevada a cabo por los acusados, los cuales no llevaron a cabo las actuaciones mínimas necesarias para prestar asistencia a los animales».