La jueza de la dana pregunta por la llamada que envió bomberos a vigilar el Poyo en la mañana del 29 de octubre
La magistrada da tres días a las acusaciones para que digan si ven o no indicios de responsabilidad penal en la labor de Pradas y Argüeso
La jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana ha ordenado a la Guardia Civil, a solicitud de la acusación popular que ejerce ... Intersindical, que recabe las grabaciones de una llamada telefónica a la que aludió un trabajador de Emergencias en su reciente declaración como testigo. En esa llamada, según su propio testimonio, se habría pedido al Consorcio Provincial de Bomberos, poco antes de las 12.48 horas del 29 de octubre de 2024, la remisión de bomberos forestales para vigilar el río Magro y el barranco del Poyo.
«A la vista de la declaración del testigo, que manifestó haber llamado por teléfono a través del Coordcom al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, poco antes de las 12.48 horas del día 29 de octubre de 2024, para la remisión de bomberos forestales a fin de llevar a cabo la vigilancia del río Magro y del barranco del Poyo, en las áreas de Paiporta, Torrent y Picanya, así como la realizada por el testigo a las 17 horas del mismo día», la magistrada pide la llamada «con la indicación cronológica de su anotación, agencias que fueron informadas con motivo de la llamada, y cierre de dicha actuación».
«Dado que ya se acordó que se recabara el informe del incidente correspondiente al día 29 de octubre, habiéndose emitido el oficio a la Conselleria de Emergencias en fecha de 20 de junio, que es el caso correspondiente al día 29 de octubre, procede oficiar a la Conselleria de Emergencias para que, en el plazo de 5 días, remitan igualmente el informe del caso abierto el día 24 de octubre de 2024, registrado en el Coordcom, para la gestión de la emergencia que es objeto de este procedimiento», añade el auto.
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Además, en otro auto da tres días a las acusaciones particulares y populares personadas en el procedimiento para que se pronuncien acerca de si aprecian indicios de responsabilidad penal por los homicidios y lesiones imprudentes contra los dos investigados, la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, y el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, como paso previo a resolver sobre una posible unificación de las partes.
Por último, en el cuarto auto, la juez acepta ampliar la personación de la acusación particular ejercida por la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud para que represente también a seis nuevos lesionados y a la pareja y la hermana de un fallecido.
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