La jueza de la dana se enzarza con un jefe de Emergencias sobre las competencias de la CHJ en la vigilancia de barrancos
El dirigente autonómico sostiene que Mazón debió declarar la situación de emergencia catastrófica y que el Gobierno central asumiera el mando
El juzgado que investiga la gestión política de la dana ha cerrado la semana con la declaración de este viernes del jefe de servicio de ... Planificación en la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Una testifical más que pretende aclarar lo ocurrido en la tarde del 29 de octubre durante la celebración del Cecopi. Los relatos de los comparecientes de esta semana han resultado, en cierta medida, favorables a las tesis de los investigados acerca del papel de la CHJ.
El especialista trabajó el día de la dana de 12 a 17.30 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias. No formaba parte del apartado operativo y no participó en la gestión de la emergencia. Su papel es más administrativo. El técnico ha comentado las funciones del director del plan, entre las que figuran la adopción de medidas para proteger a la población. Todo eso referido al nivel 2 de emergencia, el que se estableció durante la dana. En los niveles inferiores existe una delegación de competencias en el secretario autonómico. El pase de estadio, del 1 al 2, lo decide el director, en este caso, la consellera Salomé Pradas.
El testigo se ha referido al Comité de Dirección del Cecopi, formado por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la consellera Pradas. «Antes si actuaban de manera compartida. Pero en 2010, a partir del mando único, eso cambió». No se le asigna un rol definido a la representante del Gobierno, ha señalado. «Pero allí están todos para aportar y proponer», precisó durante su declaración.
«Nunca se ha parado todo, ni siquiera con el Covid», ha indicado respecto al cese absoluto de la actividad ante una alerta roja. Se le ha interrogado acerca a la eventual declaración de emergencia catastrófica que podía decretar el presidente de la Generalitat. El experto ha aclarado que la competencia recae en la conselleria competente, pero en ese nivel, el máximo autonómico, el mando lo toma el presidente. «El día 30 sí, el 31 también», ha dicho respecto a la conveniencia de declarar ese nivel de destrucción. Pero se trata siempre de una decisión que queda a criterio del dirigente autonómico.
Fuentes de la Generalitat precisaron que se trata de una figura vacía de contenido, que no está desarrollada en la legislación valenciana y, en realidad, no tiene ninguna aplicación práctica. En definitiva, no hay novedad respecto al nivel 2 de la emergencia.
Y todo lo anterior es independiente de la declaración del nivel 3 de Emergencia, un estadio en el que ya el Gobierno asume el mando del operativo. Una situación que no se produjo ni a petición del Consell ni del Ejecutivo central. «También debió producirse», en opinión de este experto.
El plan de inundaciones contemplaba un sistema en que los municipios deben informarse entre ellos de cómo circula su barranco. Ahora existen otros sistemas pero deben ser conocedores del sistema de su cuenca, ha indicado. La Diputación no tiene en el plan capacidades operativas. La Ley recoge que la Corporación dispone de competencias en Protección Civil en municipios de menos de 20.000 habitantes.
El especialista considera que los municipios debían haber convocado el Cecopal, pero no existe un control de si los alcaldes ordenaron la constitución de estos comités. «Sería imposible hacerlo». Al igual que sus compañeros anteriores ha apuntado a la CHJ como el organismo encargado de «interpretar la peligrosidad», es decir, cómo lo que llueve afecta a los barrancos. Los datos puros no sirven, vino a decir.
Esta competencia de vigilancia es compartida también por los responsables de los municipios, ha aclarado. La jueza ha intervenido en este punto para interrogar al testigo sobre el papel de la CHJ y de la Generalitat, un punto clave en la causa porque supone partir o no de la premisa de que la Generalitat conoció o debió conocer los datos alarmantes de lluvia, caudales y prever consecuencias.
«En aquel momento se movilizó a los bomberos como recurso específico por indicación de Emergencias». La jueza mostró su extrañeza: «Nadie sabe nada de la retirada de los bomberos». El testigo no entiende cómo no quedó registrada ese fin de la vigilancia. De hecho, a las preguntas de una defensa, respondió que él entendía que seguían allí.
La magistrada le recordó que un perito declaró que la vigilancia de barrancos era competencia de la Generalitat. El experto trató de contextualizar esa interpretación del experto de la universidad. «Pero aquí tenemos un problema como no hay sensores y barrancos en todos los ríos y cauces y se pensó, ¡ojo que no hay sensores! y por eso dimos ese papel prioritario a los municipios. »Las crecidas aquí son muy rápidas, no como las del Ebro. El plan está adaptado a la realidad«. Y ahí, Emergencias también aporta los medios que están a su disposición.
«La emergencia nos desbordó a todos», admitió el especialista tras más de dos horas de declaración.
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