La jueza de la dana califica de «bulo» que el Es Alert se mandara por el riesgo de Forata
La magistrada sostiene que el Cecopi manejaba información del Poyo y atribuye parte del retraso del SMS a Pradas: «Tardó 10 minutos en dictar el mensaje, luego se levantó y dijo que no se enviara hasta que no diera el visto bueno y se fue»
Uno de los últimos autos de la jueza permite conocer al detalle sus conclusiones, en este momento de la investigación, acerca de qué ocurrió aquella ... tarde del 29 de octubre. Y eso cuando todavía faltan por declarar dos de los testigos esenciales de esa jornada: Jorge Suárez, el subdirector de Emergencias y el funcionario con mayor rango al frente del operativo, y José Miguel Basset, el jefe de los bomberos.
La jueza asegura que el Es Alert, el mensaje masivo de alerta, no se mandó por el riesgo de Forata. «Eso es un bulo», sostiene. La magistrada recuerda que la instrucción ha permitido conocer que ese SMS se descartó y, finalmente, se decidió mandar uno destinada a toda la provincia. «El carácter tardío y erróneo del mensaje, de la simple alerta a la población que se podía haber transmitido por otros medios, es algo obvio: por la causa de los fallecimientos, y por el momento en que se produjo en la inmensa mayoría de los casos».
La idea del Es Alert, según la declaración de los investigados y de algunos testigos, sí partió del riesgo de Forata. Pero la jueza mantiene que eso cambió con el paso del tiempo. «En el Cecopi se hablaba también de otras áreas, de enviar un mensaje a toda la provincia, por lo que se debía de manejar otra información por los allí presentes», según la declaración de un testigo.
Fuentes cercanas a la Generalitat recuerdan que se mandó a la provincia para evitar desplazamientos. La jueza, en cambio, insiste en que se habló de «enviar mensajes a otras zonas, como la Hoya de Buñol. Allí está la cabecera del barranco del Poyo».
La magistrada atribuye parte del retraso en el Es Alert a la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas. «Tardó 10 minutos en dictar el mensaje, luego se levantó y dijo que no se enviara hasta que no diera el visto bueno, y se fue de la sala. Regresó un rato después y entonces ya dijo que se enviara».
«Afirmar que en ningún momento se habló del barranco del Poyo en el Cecopi, es contrario a la instrucción judicial practicada». El problema del barranco se plantea a partir de la llamada que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, recibe de la alcaldesa de Paiporta. Ella misma lo traslada al Cecopi cuando se reanuda la reunión de manera telemática. Pero esto es un extremo confirmado por la propia Bernabé. La consellera Pradas explicó que no tuvo conocimiento del peligro del barranco durante la reunión del Cecopi.
La jueza insiste en su auto, en el que rechaza el recurso presentado por el letrado de Argüeso, que el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) debía coordinar toda la información y que existía un perfecto conocimiento del riesgo del barranco del Poyo. Por lo tanto, no había justificación para el cese en el seguimiento y la vigilancia que efectuaron los bomberos. Atribuye esa responsabilidad directamente al mando de la emergencia pese a que responsables de los bomberos explicaron que decidieron abandonar la vigilancia sin consultarlo. Es más, lo comunicaron por un canal de radio al que no presta atención activa Emergencias.
De igual modo, la jueza cuestiona por qué el 29 de octubre no se llevó a cabo el control de los barrancos a través de los agentes medioambientales, personal que se había solicitado un día antes. No menciona a los agentes medioambientales de la CHJ, personal que, en teoría, también se encarga de la vigilancia de esos enclaves en aquellos puntos en los que no existe medidores.
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