La iniciativa para cambiar la Ley de Aguas tras la dana apenas recoge firmas
La propuesta alcanza los 5.611 apoyos pero le hacen falta medio millón y el plazo acaba el 25 de febrero
Hacen falta medio millón de firmas para presentar la iniciativa en el Congreso, aunque sólo se han recogido 5.611 apoyos de momento. Y el plazo acaba el próximo 25 de febrero. Esas son las cifras preocupantes alrededor de la Iniciativa Legislativa Popular que promueve un debate en la Cámara Baja acerca de la actual Ley de Aguas, con el fin de que sea modificada.
El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puerto, Javier Machí, lamentó este lunes el escaso eco obtenido de momento en la opinión pública con esta iniciativa, que consideró importante para mejorar las infraestructuras hidráulicas después de la dana del 29 de octubre. La entidad apoya la recogida de firmas, al igual que otras 38 instituciones en España.
La modificación consiste en añadir un artículo a la ley actual, con el fin de reforzar todo lo relativo a la seguridad de las personas. Así, propone modificar el artículo 14 de Ley de Aguas para incluir como principios rectores la protección de la vida e integridad humana, la inversión suficiente para prevenir inundaciones y sequías, y la profesionalización técnica en la gestión hídrica. Busca garantizar la seguridad hídrica priorizando la planificación con criterios técnicos, no electorales, y asegurar infraestructuras clave ya identificadas y presupuestadas.
Los promotores del cambio defienden que la Ley de Aguas actual menciona la protección del medio ambiente y la naturaleza, y eso está bien, pero se olvida de lo más importante: las personas.
«No habla de proteger vidas. No menciona la salud, ni la seguridad, ni lo que ocurre cuando una riada arrasa un pueblo o una sequía deja a familias enteras sin recursos. Nosotros creemos que eso tiene que cambiar. Porque ninguna ley está completa si no pone la seguridad de las personas en el centro», afirman en la web de la iniciativa.
Por último, insisten en que la legislación debe incluir «la inversión suficiente para prevenir y mitigar los riesgos naturales, por inundaciones o sequía. No hablamos de un gasto desmedido, sino de una inversión razonable y urgente que puede evitar grandes pérdidas humanas, sociales y económicas en el futuro. Porque cuando se trata de prevenir desastres, más vale actuar a tiempo.».
También se defiende el trabajo de los ingenieros. «La gestión del agua es compleja y requiere conocimientos muy específicos. Por eso, creemos que las decisiones clave deben estar en manos de personas con formación técnica y experiencia profesional.Desde esta iniciativa, proponemos que la Ley de Aguas reconozca el principio de profesionalidad y capacidad técnica en los cargos de responsabilidad, especialmente en aquellos relacionados con la planificación hidrológica, la ordenación del territorio y el urbanismo», finalizan.
