Indignación entre los pedagogos por su exclusión en los servicios sociales

La pasada semana la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat acogió una jornada sobre la cuestión en la que quedó patente el malestar de los profesionales y del profesorado que forma a los futuros pedagogos. En el encuentro se dio cuenta de las medidas impulsadas por el colegio oficial de la Comunitat para tratar de revertir la situación, entre ellas reuniones, escritos y alegaciones formales a los diferentes desarrollos normativos que conforman el modelo. Y no se descarta impulsar nuevas acciones de presión por parte del colectivo docente.

Por su parte, desde la conselleria defienden que ningún puesto de trabajo actual corre peligro al no tener la ley efectos retroactivos, que su papel todavía se reconoce en funciones de ámbito educativo y que durante el proceso participativo previo a diseñar el sistema «ninguna entidad» planteó que esta figura debía formar parte del equipo considerado esencial.

«Con anterioridad al modelo en todas las normativas y disposiciones de financiación (los servicios municipales se nutren de aportaciones de la Generalitat) la figura del pedagogo aparecía en la mayoría de equipos, se nos situaba al mismo nivel que el perfil de psicólogo, pudiendo ocupar un puesto similar desarrollando las mismas funciones. Ya no es así», explica Esther Císcar, profesora asociada del departamento de Teoría de la Educación y secretaria del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat.

Según la documentación facilitada por la entidad, los cambios comienzan a darse a partir de 2015, con una serie de instrucciones y normativas «con las que empezamos a no tener presencia», dice Císcar. Esto deriva en que en las convocatorias de empleo de las administraciones locales ya se limiten sus opciones de acceso, pese a la cantidad de recursos administrativos y judiciales presentados por el colegio.

Por su parte, la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, aprobada en 2019 y modificada a finales de 2021, estableció que el equipo de intervención básico debía estar formado por personas que tuvieran como mínimo «titulación universitaria en las disciplinas de trabajo social, educación social y psicología», dejando a los pedagogos y psicopedagogos como una posibilidad y siempre que los anteriores perfiles estuvieran ya cubiertos. Además se matizó que la función de coordinación la deben ejercer profesionales de las citadas disciplinas, cuando hasta entonces se había permitido que optara un empleado público con estudios superiores.

«La formación académica que recibimos demuestra que somos competentes en casi todas las funciones que la ley encomienda a los servicios sociales», añade Císcar, antes de referirse al estudio comparado realizado por el colegio para acreditar que estas coinciden con las competencias que se trabajan durante la carrera de Pedagogía, en base a los planes de estudios de la Universitat de València, la Católica y la UNED. Es decir, se entiende que un licenciado o egresado las ha asimilado.

«Con el modelo muchos equipos dejan de ser interdisciplinares, lo que coarta la atención integral de los usuarios en relación a la vertiente educativa y formativa. Somos especialistas en ella y aportamos en el acompañamiento de personas con una historia de vida compleja. Se está mermando la capacidad para que puedan encontrar una salida por sí mismos», reflexiona la profesora y pedagoga.

La atención de carácter social cuenta con gran cantidad de servicios especializados para cubrir necesidades de todo tipo, como acogimiento familiar, de infancia y adolescencia, para personas sin hogar, de protección ante la violencia de género, abusos o trata de blancas o centros de carácter residencial.

Según el análisis realizado por el colegio, los pedagogos quedan fuera del 95% de los mismos pese a las alegaciones presentadas al proyecto de decreto que sirve para concretar la ley autonómica. «No sólo hay riesgo de perder el empleo, por ejemplo cuando se saca una plaza que ahora sí está ocupada por un pedagogo, también está la preocupación por los futuros profesionales, pues a los alumnos se les están cerrando muchas salidas profesionales», concluye Císcar.

Por su parte, desde la Conselleria de Políticas Inclusivas explican que «la legislación anterior no regulaba la composición de los equipos, lo que permitía que cualquiera pudiera ejercer la figura de coordinador, incluido un ingeniero o un abogado».

Con la norma vigente, continúan, «se fijan tanto las figuras básicas como las complementarias», añadiendo que previamente a su elaboración se desarrolló «un amplio proceso de participación en el que se preguntó si la figura del pedagogo debía incluirse entre las esenciales, y ninguna entidad la mencionó».

También explican que el título de Pedagogía se centra en el ámbito educativo «y no tiene ningún crédito de formación en servicios sociales, ya que todas las asignaturas relacionadas con este ámbito se derivan a Educación Social», alegando además que «sí se ha mantenido como figura auxiliar en aquellos centros socioeducativos en los que los niños no pueden salir a la escuela ordinaria y deben hacer el proceso de educación reglada dentro del centro».

En este sentido, el presidente del colegio, Enrique Castillejo, replica que se ha mantenido este criterio «en contra de la ANECA», de los informes presentados por la entidad que representa, «firmados por prestigiosos profesores universitarios» y en contra, además, «del decanato de los grados de Pedagogía y Psicopedagogía».

Castillejo alega también que desde la administración se aseguró que tenían informes de otras universidades «y estas lo han negado con absoluta contundencia». «Es una decisión arbitraria, de una ignorancia supina que sólo traerá desempleo, exclusión y vergüenza ajena», añade.

Por su parte, desde la administración insisten en que los pedagogos y psicopedagogos que actualmente ejercen en los servicios, que son pocos, mantienen su puesto y categoría profesional al no tener la ley carácter retroactivo.

«Nos sentimos engañados por la ya exconsellera Mónica Oltra, que se negó a recibirnos durante el desarrollo de la norma y sólo lo hizo una vez aprobada, prometiendo que en todo el desarrollo las figuras profesionales de la pedagogía y la psicopedagogía estarían contempladas», sentencia Castillejo, que lamenta que «nuestros profesionales tengan que emigrar a otras comunidades donde sí se valoran las funciones que legalmente tienen reconocidas».