Imputados técnicos municipales y arquitectos por el derrumbe mortal de 2021 en Peñíscola

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs ha ordenado la declaración como investigados de varios técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola y del Colegio de Arquitectos de Castellón, en el marco de la causa que investiga el derrumbe de un edificio en la urbanización Font Nova, en agosto de 2021, que provocó la muerte de una mujer de 54 años y un menor de 14.

En un auto al que ha tenido acceso EFE la jueza responde a un recurso de reforma interpuesto por la comunidad de propietarios Patios Fase V, que solicitó ampliar las diligencias previas para incluir como investigados a ambos organismos.

Esta decisión revoca parcialmente una resolución anterior del 8 de enero de 2025, en la que se acordaban otras diligencias sin imputar a los técnicos municipales ni al Colegio profesional.

La jueza considera ahora necesario tomar declaración a los técnicos que intervinieron en la concesión de la licencia de obras y la de primera ocupación del edificio para esclarecer si se produjeron actuaciones negligentes relacionadas con la seguridad estructural del inmueble.

El objetivo es determinar si hubo desconocimiento o desatención de posibles advertencias sobre el estado del edificio antes de su colapso.

También se investigará a la persona que visó el proyecto arquitectónico del inmueble. El Juzgado ha solicitado al Colegio de Arquitectos de Castellón la documentación correspondiente para verificar si el diseño cumplía con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa vigente.

La reapertura de la investigación fue ordenada por la Audiencia Provincial de Castellón en octubre de 2024, tras considerar que el archivo provisional del caso fue prematuro.

El informe elaborado por la Conselleria de Vivienda concluyó que existían deficiencias estructurales graves, como el uso de materiales de baja calidad y la falta de fidelidad al proyecto original.

La acusación particular, en representación de las familias de las víctimas, insiste en la necesidad de que se depuren responsabilidades. «Es fundamental esclarecer este trágico suceso para evitar la impunidad ante posibles negligencias», han manifestado fuentes cercanas al proceso.

Los afectados, principalmente los familiares de las dos víctimas mortales, han lamentado, en primer lugar, la lentitud del proceso y que éste estuviera a punto de cerrarse sin que hubiera personas responsables.

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