La huelga de letrados provoca la suspensión de 10.000 juicios y declaraciones en la Comunitat Valenciana

En este periodo en la provincia de Valencia se han suspendido ya cerca de diez mil juicios y declaraciones, según ha señalado Carmen Ramos, delegada del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia en la Comunitat. Los actos judiciales afectados son innumerables.

Ramos ha explicado que diariamente las afecciones al sistema rondan las 685 actuaciones diarias entre juicios y declaraciones ya se acumulan más de dos semanas de paro (trece días laborables y 17 naturales).

Esto es sólo en la provincia de Valencia. A nivel nacional el comité de huelga estima en 100.000 los juicios y vistas suspendidos desde que empezó el parón que ha tenido un seguimiento medio del 78%, según los letrados de Justicia.

En la Comunitat el seguimiento de la huelga es inferior a la media nacional aunque varía según las provincias. En Alicante está rondando el 90%. En Castellón la participación es más baja y se sitúa en el entorno del 35%. En la de Valencia la cifra de seguimiento es del 45%, según los datos aportados por Marta Golvano, de la Unión Progresista de la Secretarios Judiciales (UPSJ). La media en la Comunitat Valenciana es de un 78% esta semana, muy similar a la de la anterior cuando se alcanzó el 83%.

En la provincia de Valencia la huelga está teniendo especial incidencia en localidades cercanas a la capital como Catarroja, Alzira o Moncada donde el seguimiento algunos días ha alcanzado el 100%.

Otra de las consecuencias directas de estos paros son los retrasos. La falta de los letrados está provocando demoras en la celebración de juicios. «Las agendas están completas y esto supone que la vista que no se celebra estos días puede tardar meses en tener lugar», ha recalcado Ramos que ha añadido que se están posponiendo algunos hasta 2025.

La cifra no es homogénea y depende de la sección. Quizá unos de los más afectados, según ha recalcado Carmen Ramos, sean los juicios de Lo Social donde ya se están poniendo fechas hasta 2025. En el caso de Lo Penal las demoras son hasta septiembre de 2024. Los juzgados de instrucción, que tienen que ser los más ágiles, están aplazando diligencias hasta el mes de noviembre de este año.

En este sentido, Ramos manifestó que el Gobierno no está teniendo sensibilidad con los huelguistas. «Han pasado casi tres semanas y todavía no se han sentado con el comité de huelga pese al colapso en el que se encuentra el sistema judicial», ha aclarado la delegada en la Comunitat del Colegio Nacional de Letrados.

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia sólo se ha reunido con los secretarios de Gobierno (que son el instrumento de coordinación entre el ministerio y las autonomías) pero no con el comité de huelga. A última hora de la tarde de ayer el Ministerio de Justicia lo convocó para el jueves 16 de febrero. «Se ve que no tienen mucha prisa. Son cinco días más de huelga», ha señalado Ramos. Desde el comité señalaron que pretenden alargar el conflicto para ver si el seguimiento decae.

Además, Ramos ha apuntado que el ministerio «no tiene una voluntad de diálogo real y no tiene en cuenta el perjuicio que está suponiendo esta huelga para los ciudadanos». Ramos ha destacado que en la Comunitat ya se han reunido con la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, o con el Colegio de Abogados. Además tienen previsto mantener un encuentro con la presidenta de la Audiencia de Valencia y con la delegada del Gobierno en próximas fechas.

Los paros, además, están teniendo una afección económica. La cifra supone ya varios millones de euros. A nivel estatal se calcula que alcanza los 750 millones de euros. Y que es los letrados de la administración de Justicia son los encargados de gestionar el pago de pensiones compensatoria o indemnizaciones, entre otras partidas. Los convocantes del paro no se atreven a contabilizar su repercusión en la Comunitat pero señalan que el dinero retenido en los 24 juzgados de lo civil en Valencia oscila entre los 500.000 y 600.000 euros en cada uno de ellos.

A esta cifra hay que sumarle las cantidades que mueven los juzgados mixtos de partidos judiciales fuera de Valencia como Sagunto, Catarroja o Carlet, entre otros.

La huelga indefinida acumula ya 17 jornadas (trece laborables) a raíz del conflicto que tiene su origen en la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas, en especial la de 2015. Denuncian que esto ha provocado un «insoportable desequilibrio».

Los convocantes señalan como detonante del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021». Los LAJ quieren cobrar el 85% de lo que perciben los jueces por la multitud de tareas que se les han asignado.

Antes de que empezara la huelga, la ministra de Justicia, Pilar Llop, pidió al comité de huelga que huyera de «posiciones maximalistas» porque impedían «buenos acuerdos». Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, aseguró que la huelga de los LAJ era una medida «política» y que estaba «fuera de lugar».

Rodríguez incidió en que «cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tienen un sentido», puesto que el Ministerio «ha cumplido todos los acuerdos» alcanzados con la representación de estos trabajadores.

La huelga ha sido convocada de manera conjunta por tres colectivos profesionales, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados. En esta línea, Carmen Ramos destaca la unidad de todas las organizaciones convocantes tras la reunión mantenida este jueves por la tarde.

Uno de los motivos de la huelga es que el cuerpo ha ido asumiendo cada vez más funciones sin que se haya notado en las retribuciones salariales. Ahora controlan los embargos, demandas, pagos, costas, indemnizaciones, multas, pensiones... entre otras muchas diligencias.

Entre las motivaciones que han llevado a la convocatoria de la huelga se encuentran que el Ministerio de Justicia no cubre las plazas: no convoca oposiciones o la oferta de empleo público está paralizada. Otro de los motivos de la huelga es que carecen de carrera profesional.