La segunda huelga de jueces y fiscales en medio año obliga a suspender más de 300 asuntos

Cocentracion en la Ciudad de la Justicia de Jueces y fiscales en huelga./J. Signes
Cocentracion en la Ciudad de la Justicia de Jueces y fiscales en huelga. / J. Signes

El paro, secundado por la mitad de magistrados aunque menos que en la protesta anterior, aplaza juicios, declaraciones y audiencias previas

Arturo Checa
ARTURO CHECAValencia

Ni con el anterior ministro de Justicia, ni con la cuestionada Dolores Delgado. Seis meses después de que jueces y fiscales hicieran historia con la primera huelga secundada por la totalidad de asociaciones profesionales, el paro vuelve a repetirse. Y otra vez con notables efectos, como siempre con los ciudadanos de silenciosos sufridores. Más de 300 asuntos (entre juicios, declaraciones y audiencias previas), en total 352, según el Tribunal Superior de Justicia, quedaron ayer suspendidas por la protesta.

La mitad de los magistrados de la Comunitat se plantaron ante lo que ellos consideran ausencia del «más mínimo respeto hacia el Poder Judicial o el Poder Legislativo» por parte del Gobierno. Un total de 294 jueces de los 566 que hay en la región, el 51% de los magistrados. El porcentaje supone siete puntos menos que el 58% alcanzado en la huelga de mayo, pero sigue dejando muy palpable el malestar existente en el sector. Los fiscales también secundaron el paro, aunque desde la Fiscalía de Valencia no se facilitaron ayer datos de seguimiento. El porcentaje, como ocurrió también en mayo, se sitúa por encima de la proporción de seguimiento a nivel nacional, con 2.559 magistrados en huelga (46,88 por ciento). Entre las reivindicaciones de las siete asociaciones de jueces y fiscales que ayer por la mañana leyeron un manifiesto en la entrada de la Ciudad de la Justicia están la «independencia judicial, medios materiales para dar una adecuada respuesta a los ciudadanos, cargas de trabajo saludables o incremento del número de jueces y fiscales», entre otras muchas exigencias. Además de no haberse producido ninguna mejora en unas reclamaciones que los juristas ya pusieron sobre la mesa en el paro de mayo, ahora la gota que ha colmado el vaso de la paciencia judicial es el «acuerdo entre algunos partidos políticos sobre el próximo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial», como critican las asociaciones en referencia al futuro nombramiento de Manuel Marchena, pactado entre PSOE y PP.

El portavoz territorial de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, reclamó en la concentración un sistema de elección de la cúpula judicial mixto, el «más ajustado» para que España no siga siendo «una anomalía» en Europa, mientras que el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Miguel Ángel Casañ, reconoció sentirse «defraudados» con la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Las esperanzas del colectivo en la titular habían aumentado al tratarse de una fiscal de carrera y apoyar como profesional las peticiones antes de llegar al Ejecutivo, en mayo como vocal de la Unión Progresista de Fiscales, pero todo cambió en el poder.

La mitad de magistrados

La escasez de magistrados para hacer frente a la judicialización de la vida pública es el principal escollo en el día a día de los tribunales. La media en los países europeos es de 21 jueces por cada 10.000 habitantes, mientras que en España se reduce a 11,2, lo que supone «un sobreesfuerzo» entre los operadores jurídicos para acercarse «lo máximo posible» a los plazos que se alcanzan en otros países europeos.En toda España el paro de jueces y fiscales ha supuesto la suspensión de más de 3.500 actuaciones judiciales. Por encima de los 352 asuntos aplazados en la Comunitat Valenciana se sitúan los 743 expedientes dilatados en Madrid o los casi 550 en Cataluña.

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