El Gobierno no obligará a que el castellano tenga una «proporción razonable» en clase

La ministra Isabel Celaá, poco antes de su comparecencia en el Senado la pasada semana. /k. huesca/efe
La ministra Isabel Celaá, poco antes de su comparecencia en el Senado la pasada semana. / k. huesca/efe

La nueva ley permitirá que pasen de curso los alumnos que hayan suspendido Lengua y Matemáticas

Joaquín Batista
JOAQUÍN BATISTAValencia

El borrador de la nueva ley educativa que en los próximos días llegará al Congreso de los Diputados servirá para modificar diferentes aspectos recogidos en la Lomce, la regulación actual que aprobó el PP en 2013. Uno de los cambios más llamativos tiene que ver con el tratamiento de las lenguas cooficiales y del castellano, pues desaparece la referencia a que esta última debe tener una «proporción razonable» en los centros sostenidos con fondos públicos, una cautela que se justificó en la necesidad de cumplir con diferentes sentencias del Constitucional, el Supremo y el Tribunal Superior de Cataluña referidas a esta misma comunidad.

Exactamente la Lomce decía que las administraciones autonómicas pueden establecer sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas (por ejemplo Naturales o Sociales) «se impartan exclusivamente en castellano, lengua cooficial o en otra lengua extranjera», aunque obligaba a que se garantizara «una oferta sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como una lengua vehicular (la que se utiliza para impartir una materia) en una proporción razonable». Con la reforma que presenta el Gobierno socialista, se modifica esta disposición adicional del texto.

Es cierto que se mantiene la idea de la Lomce de que se debe garantizar «el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales», pero se elimina la coletilla citada anteriormente y se deja en manos de las autonomías la «proporción del uso de la lengua castellana y la cooficial como lengua vehicular». En la práctica, se puede entender que debe existir oferta en la lengua estatal (colegios donde se estudia básicamente en español) pero ya no se obliga a que en los centros donde la mayoritaria es la cooficial exista una presencia más o menos destacable del castellano.

Cabe recordar que en la Comunitat se fijó que todos los centros deberían impartir como mínimo el 25% del tiempo lectivo en español, precisamente para cumplir lo dispuesto en la Lomce y la doctrina de los tribunales. Se hizo así tanto en el decreto de plurilingüismo como en la actual ley aprobada en Les Corts. En el hipotético caso de que el Consell decidiera cambiarla -algo poco probable-, ya no se encontraría con el freno de la normativa básica estatal, aunque una sentencia judicial a raíz del correspondiente recurso, atendiendo a los antecedentes, sí podría ser contraria en caso de que se 'arrinconara' el castellano.

Con la reforma se deja en manos de los centros las medidas correctoras a aplicar en el caso de que se detecten déficits en el conocimiento de alguna de las lenguas oficiales por parte del alumnado, y también desaparecen las referencias al derecho de exención (no ser evaluado en la asignatura de Valenciano en el caso de la Comunitat). La Lomce lo recogía atendiendo a los dispuesto en la normativa autonómica.

En cuanto a la promoción, se podrá pasar de curso en la ESO y Bachillerato con las asignaturas de Lengua y Matemáticas suspendidas (la Lomce lo prohibía por norma general) y se deja la repetición de curso sólo para los alumnos con tres o más materias no aprobadas.