El Gobierno frena el plan de Mazón para elegir Castellano o Valenciano en la selectividad

El pasado martes, en el debate de política general, el presidente de la Generalitat habló de su intención de «acabar con la discriminación que tienen muchos o la práctica totalidad de los estudiantes valencianos», en el sentido de que deben preparar y afrontar un examen más que los aspirantes de la mayoría de regiones, sin olvidar que extraer un promedio con un factor más (competir afrontando cinco materias en lugar de cuatro) aumenta las posibilidades de que la calificación final sea más baja. Por ello anunció que se iba a iniciar «el proceso» para que el estudiantado «pueda elegir examinarse de Castellano o Valenciano» en estos exámenes o «elegir cuál de las dos notas computa», decantándose por la más elevada. «El objetivo es que ningún alumno, por examinarse de una materia más que los de otras comunidades no bilingües, no pueda acceder a las universidades deseadas y a su verdadera vocación», dijo.

Si bien no llegó a precisar qué procedimiento o interlocución se necesitaba para llevar a la práctica la medida, todo pasa por el Gobierno, que se remite a la redacción actual del real decreto que regula el acceso universitario y las características básicas de la selectividad. Y este «establece claramente en su artículo 12 que constará de cuatro o, en el caso de comunidades con lengua cooficial, cinco ejercicios», señalan, en referencia a las dos citadas, sin opción de exclusión, a Historia de España o de la Filosofía (aquí sí se elige), Lengua Extranjera y a la materia obligatoria que varía en función de la modalidad de Bachillerato.

Además, en relación al cálculo de la calificación -continúan- el real decreto indica en su artículo 14.2 que será «la media aritmética de las notas obtenidas en cada uno de los ejercicios que integran la prueba», que son cinco en el caso valenciano. Por tanto, tampoco hay cobertura legal para que el aspirante decida qué calificación le cuenta de cara a la obtención del promedio de la selectividad, que junto al expediente de Bachillerato y la fase voluntaria determinan la calificación final de acceso a la universidad. Otra puerta cerrada para la iniciativa de Mazón, de la que el ministerio que dirige Pilar Alegría aún no tiene constancia, si bien, en base a la normativa, considera que «no es posible aceptarla».

Sólo quedaría la opción de una modificación del real decreto, aunque las mismas fuentes trasladan una serie de observaciones que también enfrían cualquier posibilidad. Por ejemplo, recuerdan que la elección de las materias de selectividad «guarda una relación directa con las materias comunes de Bachillerato» que marca la Ley Orgánica de Educación -se infiere que no hacerlo sería harto irregular-, o que sólo se contemplan excepciones muy puntuales, como tener la condición de exento.

Además, defienden, lo recogido en el real decreto «es coherente con el tratamiento que la ley hace de dichas materias, ya que en línea con el mandato constitucional se determina la necesidad de que el alumnado estudie de forma simultánea todas las lenguas que posean carácter oficial en sus territorios, descartando completamente la posibilidad de reemplazar unas por otras». La norma también insiste en que el estudiante debe alcanzar una competencia «plena y equivalente» en ambas lenguas, y que las administraciones están obligadas a hacerlo posible. «Este planteamiento sirve para justificar que para el cálculo de la calificación de acceso se otorgue el mismo tratamiento a las notas obtenidas en los ejercicios correspondientes», concluyen.