La Generalitat se personará en los tribunales para defender el trasvase Júcar-Vinalopó frente al recurso presentado por Xùquer Viu
El president Mazón asegura que el Consell seguirá defendiendo «el agua que necesita y merece nuestra tierra»
B. González
Valencia
Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:01
La Generalitat se personará en el recurso interpuesto por la asociación Xúquer Viu contra la adenda al convenio que rige el trasvase Júcar-Vinalopó por el que se establece un envío de agua hacia la huerta alicantina de hasta 350 hectómetros cúbicos durante diez años.
Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, este viernes en Elche, en la apertura del VII Congreso Nacional del Agua, quien ha ratificado la apuesta del Consell por «seguir defendiendo el agua que necesita y merece nuestra tierra».
Mazón ha defendido que el trasvase «es fruto del consenso entre los regantes y un ejemplo de solidaridad en el que todos los agentes implicados están cumpliendo con los compromisos adquiridos» y ha remarcado que esta infraestructura responde «a la razón y a criterios técnicos y científicos», frente a «la política y el dogmatismo» que está aplicando el Gobierno en materia hídrica.
Demanda de los ecologistas
Cabe recordar que Xúquer Viu presentó la demanda contra el convenio el pasado mes de julio ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para que dicho convenio se anule y deje sin efecto la adenda a diez años del trasvase.
Los ecologistas califican de «barbaridad» la cantidad de agua que en esa década se enviaría desde el Júcar hasta el Vinalopó, según apuntan, se amplía en un 60%, por lo que también ha recurrido el Plan de Explotación aprobado en febrero.
Recuerdan que «la filosofía del trasvase al Vinalopó que siempre se ha defendido desde el Júcar, es que sea a sobrantes, es decir que la cantidad a trasvasar dependería de los sobrantes del Júcar» y que estos sobrantes no pueden prefijar en un convenio a diez años, sino establecerse año a año, dependiendo de la situación del río.
Los ecologistas consideran que la actual situación de sobreexplotación del Júcar y la Albufera «hacen imposible cualquier transferencia periódica de agua a otras cuencas sin poner en peligro su propia supervivencia. Tanto el río Júcar como la Albufera están lejos de alcanzar el buen estado ecológico y es muy improbable que este buen estado se consiga para 2027, como indica la Directiva Marco del Agua».
Trasvase Tajo-Segura
Por otra parte, el jefe del Consell se ha referido al trasvase Tajo-Segura. Al respecto, ha reprochado al Ejecutivo central que no haya aportado «ni una sola razón técnica para cambiar las normas de explotación» y ha advertido que lo que se pretende es cambiarlas «para poner fin al trasvase en la provincia de Alicante».
«El trasvase Tajo-Segura no es la causa de los problemas del Tajo, ni en lo que se refiere a la calidad ni a la cantidad de agua», ha asegurado y ha recordado que «no se ha registrado ningún incumplimiento de los caudales ecológicos por falta de agua en la cabecera, mientras que sí se están efectuando desembalses excesivos que desperdician recursos hídricos de gran valor».
El jefe del Consell ha asegurado que acabar con el trasvase Tajo-Segura «tendría un impacto especialmente negativo sobre Alicante, Murcia y Almería» y ha avanzado que la Generalitat va a impulsar un frente común con acciones concretas entre todas las comunidades autónomas afectadas, los regantes y los ayuntamientos.
Según ha destacado, la implantación plena del régimen de caudales ecológicos y las modificaciones en las reglas de explotación del trasvase que pretende aplicar el Gobierno «reducirían significativamente los volúmenes de agua disponibles para el regadío, lo que supondría una pérdida patrimonial total de 5.692 millones de euros, afectando a más de 27.000 hectáreas de regadío», además de ocasionar la destrucción de más de 15.000 empleos.
En concreto, en la provincia de Alicante, «los efectos económicos sobre las explotaciones agrícolas ascenderían hasta una reducción de la producción estimada de casi 61 millones de euros y una pérdida de empleo calculada en algo más de unos 1.700 puestos de trabajo», ha señalado.
Carlos Mazón ha remarcado el compromiso del Consell por defender el agua que le corresponde a la Comunitat Valenciana «por justicia» y ha agradecido a todas las personas que trabajan por un futuro «en el que el agua siga siendo sinónimo de vida, prosperidad, protección ambiental y esperanza».