Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política

Ocurre más bien al contrario. El funeral llega dominado por el envenenado clima que se respira en la escena pública española, que no se aplaca ni siquiera para un acto concebido como tributo a quienes lo perdieron todo, la vida incluida, aquel fatal 29 de octubre de 2024. Las últimas controversias en el paisaje político que siguió a la dana alimentan esa profunda división que distingue a los poderes públicos. El desacuerdo alcanza incluso a detalles como la propia cifra de fallecidos, a los que debe sumarse la muerte de dos personas en los días posteriores a la tragedia en sendos accidentes laborales durante las labores de reconstrucción de dotaciones dañadas. En el juzgado de Catarroja que instruye la causa para determinar las responsabilidades en la gestión de la dana (antes, durante y después del 29-O) se investiga si quienes fallecieron durante la riada a consecuencia de anomalías en el sistema de teleasistencia pudieran engrosar la cifra de víctimas mortales. También está presentada una reclamación del familiar de una persona que murió días después, por si acaso las lesiones que sufrió ese día pudieran ser culpables de su fallecimiento posterior.

Es igualmente notable la divergencia en la respuesta institucional para atender los daños provocados por el desbordamiento del río Magro y el barranco del Poyo, así como otros cauces de menor entidad pero similar relevancia, que arrasaron a su paso núcleos urbanos, polígonos industriales, cultivos y otras infraestructuras estratégicas, que no se han repuesto por completo. Gobierno central y Generalitat valenciana aseguran que han atendido las reclamaciones de los afectados, entre quienes al contrario prende la idea de que las ayudas no han llegado con la agilidad prometida y las cuantías aportadas por las instituciones son insuficientes para la dimensión de la catástrofe.

La diferencia sustancial en el relato de la tragedia se basa en la asunción de responsabilidad de los diversos dirigentes implicados en su gestión. La principal carga de prueba recae en el presidente valenciano, Carlos Mazón, a quien se reprocha no sólo la mejorable reacción ante la catástrofe sino el papel que jugó ese día en primera persona. Ilocalizable durante las horas más críticas del 29-O, que le sorprendió en un almuerzo de trabajo que no suspendió igual que mantuvo durante todo el día la agenda prevista, sus inconcretas y con frecuencia contradictorias explicaciones al respecto ahondan en las críticas a su figura, diana de las protestas que empezaron a menudear ya desde octubre del año pasado y este sábado pasado volvieron a congregar en las calles de Valencia a decenas de miles de personas. El lema de 'Mazón dimisión' se ha hecho fuerte en el imaginario popular durante este tiempo, situando al jefe del Consell en una delicada tesitura, con impacto sobre las aspiraciones de su partido a escala nacional, que trató de zanjar mediante un audaz movimiento político. En noviembre, cesó a la consejera responsable de emergencias, Salomé Pradas, remodeló su equipo, situó con poderes plenipotenciarios en una vicepresidencia creada a tal efecto al militar Francisco José Pampols e intentó con estas decisiones lidiar con una coyuntura desfavorable, que no ha logrado revertir en su favor con el paso del tiempo.

Las últimas encuestas, como la recién publicada por LAS PROVINCIAS, desvelan que carece de apoyo popular incluso entre sus votantes. Una inmensa mayoría de los sondeados, afines al PP, preferiría que dejara el cargo. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se erige en ese mismo barómetro como la personalidad política favorita para ocupar la sede del Palau. Ese sondeo desvela otro elemento de juicio que pasa más desapercibido: la profunda contestación que recibe Pedro Sánchez entre la sociedad valenciana, eclipsada por las críticas hacia Mazón, convertido casi en el único chivo expiatorio de la dana. El desafecto hacia el presidente es un factor sin embargo muy evidente aunque inadvertido, interiorizado incluso en Moncloa, habida cuenta de que también el jefe del Gobierno salió muy cuestionado luego de la tragedia. Sánchez sigue siendo para buena parte de la sociedad valenciana el presidente que salió huyendo de Paiporta durante los incidentes durante la visita que el 3 de noviembre protagonizaron los Reyes a la zona cero. Desde entonces, apenas ha pisado la Comunitat.

Tampoco ha aparecido nunca por Valencia otra de las figuras más controvertidas de esa crisis, la exvicepresidenta Teresa Ribera, hoy comisaria de la UE, a pesar de que ocupaba en octubre del 2024 la vicepresidencia responsable del medio ambiente, bajo cuya responsabilidad se agrupan dos entidades cuyo prestigio está igualmente en entredicho: la Agencia de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyo presidente, Miguel Polo, es otro dirigente perseguido por la polémica. Más frecuente ha sido la presencia de los miembros del Consejo de Ministros, movilizados por la estrategia gubernamental para paliar la ausencia de quien lo preside. La displicente frase que pronunció cuando anunció el primer paquete de ayudas para Valencia («Si necesita más recursos, que los pida», señaló entonces dirigiéndose a Carlos Mazón) resume el rechazo hacia su figura que se desprende de esa encuesta.

Por el contrario, la personalidad de los Reyes concita entre la opinión pública de Valencia un respaldo superior. Su cercanía hacia las víctimas, superados los momentos más delicados del accidentada recorrido por Paiporta, aproxima a Felipe VI y Doña Letizia al corazón de quienes sufrieron en primera persona un drama revivido en los días previos al funeral. La sensibilidad está a flor de piel en las vísperas de este nuevo 29 de octubre, sobre todo porque las víctimas se siguen considerando desairadas por la respuesta de cada Administración. De ahí que hayan sido habituales los desplazamientos de la Familia Real a la zona cero, incluyendo la presencia de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, una vez que la ira popular que se desató en esa primera visita se fue apagando pasados los primeros momentos de tensión. Las imágenes de la Reina llorando con los afectados por la riada o del Rey conversando con quienes le acababan de increpar, junto al resto de autoridades presentes en esa delicada coyuntura, contribuyeron a sofocar la indignación popular.

Una reacción airada compatible con uno de los pocos rayos de luz que durante aquellos días infaustos vivió Valencia: la espontánea y admirable respuesta ciudadana en apoyo de los damnificados. Esa corriente de solidaridad se activó en los instantes inmediatamente posteriores a la riada y persistió semanas después. Convivió con el socorro movilizado por las instituciones y se generalizó incluso fuera de las fronteras valencianas. Fue otra riada, una riada de afecto hacia las víctimas decisiva para poner en pie la zona cero. La reconstrucción avanza a pasos muy lentos, desesperantes para quienes procuran rehacer su vida. Y rehacer también su salud. Las secuelas que dejó la dana se miden en los efectos sobre la psique personal y colectiva, muy dañada.

Ese proceso de reconstrucción de la moral ciudadana discurre en paralelo con el protagonizado por las administraciones para revisar sus protocolos y dotarse de una mejor respuesta ante tragedias como la del 29-O. Es un debate pendiente de cristalizar, porque incluye la reordenación del territorio arrasado por la dana según un estándar superior de seguridad para sus habitantes. Organizar el espacio mediante criterios de mayor racionalidad urbanística, ensanchar los cauces de los barrancos que cruzan por esa zona tan golpeada y renaturalizar todo el conjunto para que florezca el verde en vez del hormigón es un objetivo lejano aún, pero que concita un cierto consenso. También florece la unanimidad entre instituciones y la comunidad científica sobre la conveniencia de estar mejor preparados para una futura e indeseable dana, con el cambio climático y sus efectos como telón de fondo.

Hasta ahí, las contadas coincidencias. De fondo prevalece la tensión en las hora previas a un acto que será presentado por la periodista valencia Lara Císcar, que contará con alguna ausencia destacada (de Felipe González a Santiago Abascal, pasando por Isabel Díaz Ayuso) y reunirá a 800 personas en el Museo Príncipe Felipe. Asistirá al completo del Consejo de Ministros, líderes autonómicos, expresidentes como José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero y también Carlos Mazón al frente del Consell, indiferente a quienes habían pedido que declinase acudir. Una petición que trasladaron incluso las víctimas, a quienes el protocolo reserva el papel central. Una de ellas, Andrea Ferrari, una joven de 20 años que perdió a su madre, dará voz a las familias: en su honor se leerá en voz alta el nombre de cada fallecido.