El exceso de burocracia colapsa los colegios: «Nos quita tiempo que hay que dedicar a enseñar»
Los cinco sindicatos docentes se unen en una campaña de recogida de firmas para que la conselleria impulse los cambios necesarios para reducir el trabajo administrativo, que se ha incrementado con la Ley Celaá
Relacionarse con la administración es complejo, como sabe cualquier ciudadano que ha tenido que enfrentarse a un trámite telemático: sistema Cl@ve, certificado digital o ... DNI electrónico, número de PIN, IDESP, cuestionarios... pues póngase en el lugar de un maestro o profesor que está al frente de un centro educativo -director, jefe de estudios o secretario- que debe rendirle cuentas prácticamente a diario.
Estos equipos tienen que notificar incidencias de todo tipo (bajas de docentes, de alumnado, traslados de expedientes), cumplir los plazos y presentar documentación para participar en programas, tener lista a tiempo la programación general anual (PGA) o la memoria del curso (documentos especialmente farragosos que recogen información de todas las clases), hacer los horarios del profesorado, avisar al ayuntamiento de averías menores, gestionar las becas de comedor ayudando a los solicitantes -el curso que viene también las nuevas subvenciones de material escolar-, pedir y pagar los ejemplares que faltan para Xarxallibres, presentar instancias en diferentes administraciones cuando se produce absentismo -lo mismo cuando se activan los protocolos por incidencias, problemas de salud mental o acoso-, validar la documentación para disponer de recursos adicionales para alumnos con necesidades especiales, convocar reuniones y redactar actas de los órganos colegiados, contratar el servicio de comedor, llevar la gestión económica del centro o colaborar en el proceso de admisión del alumnado, entre otras tareas.
Aunque la carga burocrática de un centro la soporta sobre todo el equipo directivo, los profesionales que están a pie de aula tampoco se escapan del papeleo, desde el control de asistencia del alumnado hasta las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Celaá. Ya sean los boletines de notas, que pueden llegar a varias páginas de información sobre el grado de adquisición de competencias, hasta las modificaciones de las programaciones didácticas de cada asignatura, en las que ahora hay que incidir en las destrezas que se evalúan y en las situaciones de aprendizaje que se plantean. Y a todo esto se le suma su labor fundamental, dar y preparar la clase, algo de lo que no escapan ni los primeros ni los segundos. Aunque tienen horas de dedicación exclusiva (reducciones lectivas y también tutorías) son a todas luces insuficientes.
La situación ha llegado hasta tal punto que el profesorado ha dicho basta. Este jueves los cinco sindicatos docentes de la mesa sectorial, los que negocian con la Conselleria de Educación, han presentado una campaña para instar al departamento a que tome las medidas necesarias para evitar un problema crónico y ahora agravado con la Lomloe: empezando por la reducción drástica del trabajo administrativo y pasando por la creación de un calendario racional en cuanto a plazos de presentación, además de dotar de personal administrativo suficiente a todos los centros públicos de la Comunitat, pues actualmente hay muchos Ceips que carecen de estos profesionales especializados. O cuya asignación, en el caso de institutos grandes, es a todas luces insuficiente.
La iniciativa parte en realidad de los docentes de 17 institutos de Valencia y Alicante que tras recoger firmas entre sus claustros han pedido a los cinco sindicatos que extiendan la campaña a toda la Comunitat. El guante ha sido recogido de manera unánime, algo nada habitual teniendo en cuenta que las organizaciones no suelen coincidir siempre en sus reivindicaciones.
Las primeras rúbricas ya se han presentado en el registro de la conselleria, y se acompañan de un manifiesto que expresa «su rechazo a la excesiva burocracia a la que se ven sometidos los equipos directivos y el profesorado, que desvía la atención de la tarea principal, que es la docencia». Además se añade que la aplicación de la Lomloe «también está desbordando al profesorado por la sobrecarga de trabajo «que comporta el estudio, interpretación y aplicación de los nuevos currículos», sumándose «a las tareas docentes y otras gestiones burocráticas, muchas veces sin sentido, que no han menguado en absoluto». Reducción de trámites, guías claras y simplificadas para elaborar las programaciones derivadas de la Ley Celaá, reducciones de ratios de alumnos por aula y poder dedicar más horas de atención a tutorías, labores de coordinación y para los equipos directivos son otras de las reivindicaciones del manifiesto.
Nuevas obligaciones
«Los cinco sindicatos llevamos tiempo reclamando la reducción del papeleo y por eso nos hemos sumado a la campaña, que vamos a trasladar a todos los centros valencianos y también a nuestra afiliación para incrementar el número de firmas», explica el portavoz del STEPV, Marc Candela, que si bien valora algunos cambios introducidos por la conselleria, como dar más tiempo para presentar las PGA o las programaciones didácticas adaptadas a la Lomloe, critica que cuando sale una nueva normativa «implica siempre hacer nuevos trámites», o que en ocasiones se pidan gestiones que no se sabe muy bien para qué servirán.
«Detrás de esta demanda está la idea de que al final el profesorado está más inmerso en atender tareas burocráticas que dedicando el tiempo necesario para sacar adelante un proyecto educativo», añade Rafa Martínez, de CC. OO. PV, quien insiste en que la exigencia de liderazgo pedagógico a un equipo directivo requiere también de apoyo del personal administrativo que les liberaría de muchas de las gestiones que tienen que asumir.
«Queremos que la sociedad sea conocedora de que este aumento de tareas burocráticas perjudica la docencia directa, que es lo más importante», aporta Juanvi Díaz, de ANPE CV, que reclama más horas de dedicación para las direcciones, para coordinadores y para tutorías.
«Suscribimos este manifiesto porque vemos que existe mucha burocracia absurda que reduce el tiempo que hay que dedicar a enseñar. Somos docentes, no burócratas, por eso es necesario reducirla al mínimo», tercia Rafael Benavent, de CSIF, mientras que Xavi Angulo (UGT PV) critica la sobrecarga de trabajo que provoca esta situación y apuesta por reforzar las unidades administrativas de todos los centros para que equipos directivos y docentes puedan trabajar con «comodidad».
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