La escuela católica anuncia protestas contra la reforma del Gobierno

Una alumna de Bachillerato, en un colegio de ideario católico de Valencia. / damián torres
Una alumna de Bachillerato, en un colegio de ideario católico de Valencia. / damián torres

Las asociaciones de padres cargan contra medidas como la pérdida de peso de la concertada o la Religión e incluso prevén acciones legales

JOAQUÍN BATISTA VALENCIA.

Las propuestas del Ministerio de Educación para la próxima reforma educativa preocupan a las organizaciones católicas de padres de alumnos, que plantearán manifestaciones y acciones legales si los anuncios de diálogo no se concretan en cambios en las medidas que más rechazo provocan entre el sector, como la pérdida de peso de la enseñanza concertada, mayoritariamente de ideario confesional, o el nuevo tratamiento de la Religión.

La consideración de la educación diferenciada o la representación de las autoridades municipales en los consejos escolares de los centros concertados son otros cambios que generan recelo, igual que la nueva asignatura de Valores Cívicos y Éticos ante los paralelismos con Educación para la Ciudadanía, que provocó las mayores protestas contra la LOE.

La valoración de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) a nivel nacional ya apunta en este sentido. «Es el momento de participar junto a nuestros hijos en su educación por medio del diálogo (...) sin descartar que, si nos quieren apartar de ese derecho y deber nos movilizaremos, tanto en la sociedad como en los juzgados», dice el comunicado. Los representantes valencianos suscriben esta postura.

«Es un regreso al pasado, el progreso que propone el PSOE pasa por volver a un modelo fracasado, el de la LOE heredero de la Logse, que ya demostró sus efectos negativos en la educación», sostiene Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Apas de Valencia (Fcapa).

También muestra sus reservas ante la oferta de diálogo que reitera la ministra. «Las formas no han sido las adecuadas, lanzando una serie de propuestas a pocos días de que acabara el plazo de la consulta previa», en la que cualquier interesado puede plantear ideas. «Lo lógico habría sido darlas a conocer en el mismo momento en que se abrió el proceso», añade, antes de recordar que ya en su primera comparecencia habló de consenso a la vez que anunciaba iniciativas concretas como las relacionadas con la demanda social o la Religión, que rechazan.

Para Fcapa también es cuestionable la modificación de los consejos escolares en los concertados, los cambios en la admisión, la variación de las evaluaciones externas «limitando su uso y conocimiento» o el trato para la enseñanza diferenciada.

«No descartamos movilizaciones como una forma de que se oiga la voz de los padres, como ya se hizo con la LOE. Y esto es una LOE bis", añade, antes de concluir que también valorarán acciones judiciales.

La presidenta de Concapa CV, Julia Llopis, avanza que a finales de mes, en la reunión directiva nacional, planteará ya la organización de manifestaciones como medida de presión e incluso propondrá cierres temporales de centros. Además, lanza un mensaje al resto de agentes del sector: «Espero que tanto los profesores como los titulares de los centros estén a nuestro lado».

En cuanto a la valoración, habla de «rechazo profundo» al tratamiento de la Religión y critica que no haya una materia alternativa relacionada con los valores, «muy necesarios en la sociedad actual». Respecto a la asignatura obligatoria en este sentido, recela de que su contenido sea muy similar al de Ciudadanía.

También critica que se puedan rebajar los criterios de promoción -«ciertas asignaturas suspendidas como Lengua o Matemáticas no pueden dar paso a otro curso»-, la representación municipal en los consejos escolares -«los mejores inspectores de los centros somos los padres»- o que no se hable en las propuestas de aumentar el peso de las familias en la toma de decisiones. Por último, interpreta que la cesión completa en la regulación de las lenguas cooficiales a las autonomías es un guiño hacia los socios del PSOE.

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