La ermita de la discordia en Torrent
Un juez devuelve el uso del templo a la Parroquia de la Sagrada Familia después de que un vecino, heredero del terreno donde se asienta, cambiara la cerradura de la capilla
Un juez de Torrent ha resuelto, por el momento, una polémica que impedía al párroco de la Sagrada Familia celebrar misa desde hace un ... año en la conocida como ermita del pantano. Cada domingo alrededor de medio centenar de fieles acudían a la eucaristía en ese lugar.
El titular de Instrucción 2 de la localidad ha dictado un auto por el que acuerda el acceso al templo y su uso religioso. El conflicto comenzó hace justo un año. Entonces, el cura, alertado por unos vecinos que paseaban por el lugar, comprobó cómo un cerrajero, acompañado de otra persona que responde a las siglas de M. G., se encontraba en el recinto con la intención de cambiar la cerradura, tal y como finalmente hicieron. El hombre era familiar de los propietarios originales del terreno donde se levantó la ermita.
El templo María Asunta al Cielo fue construido en 1970. La obra fue pagada por la asociación de vecinos del Pantano de Torrente. El solar había sido donado por los familiares de M. G. con la condición de que se construyera allí una iglesia.
Desde entonces, según la versión de la parroquia, representada por el letrado Daniel Calabuig, se ha celebrado allí misa cada domingo. Es la propia asociación la que, al parecer, se hace cargo de todos los gastos que genera el templo, tanto el pago de impuestos como el coste de los suministros. La ermita, además, alberga objetos de valor que han sido adquiridos con donativos de los propios feligreses.
La actuación de este vecino -se desconocen exactamente los motivos- llevó a la apertura de un procedimiento penal por un delito de coacciones y otro contra los sentimientos religiosos. El denunciado ya ha declarado en el juzgado y, en definitiva, ha admitido los hechos. En su comparecencia adelantó que no tenía problema en que se celebraran misas, «siempre que se regularizara la propiedad, que exista un contrato o seguro que exima a su padre de responsabilidades».
El titular subraya que en el momento actual existen indicios de delito en la actuación del investigado. Por un lado, de las coacciones por el simple hecho del cambio de la cerradura. Previamente había mandado un burofax al Arzobispado al que este se opuso. De igual modo, se impidió la organización de los oficios religiosos que se celebran allí desde hace más de medio siglo. Todos los testigos que han comparecido han coincidido en el uso religioso del templo con matrimonios, bautizos, bodas de oro aparte de las misas dominicales.
El juez ha querido restaurar la situación anterior al cambio de la cerradura. Además, precisa que con esta decisión «no se genera ningún tipo de daño ni menoscabo de los bienes inmuebles».
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