La enseñanza pública gana 1.200 aulas en la legislatura frente a las 70 de la concertada

Concentración de protesta de la enseñanza concertada contra la planificación escolar para el curso 2016-2017. / Manuel Molines
Concentración de protesta de la enseñanza concertada contra la planificación escolar para el curso 2016-2017. / Manuel Molines

La red educativa de la Generalitat crece casi veinte veces más y se lleva la inmensa mayoría del aumento de profesorado

Joaquín Batista
JOAQUÍN BATISTAValencia

La enseñanza concertada ha ganado 73 aulas bajo el mandato del Consell del Botánico, un crecimiento que contrasta con el impulso de la red pública, que ha incrementado este mismo dato en más de 1.200. La diferencia también se ha producido en el volumen de profesorado y deja clara cuál ha sido la apuesta del tándem PSPV-Compromís. Además, ayuda a explicar las quejas del sector concertado, en el sentido de que las políticas de los últimos años no se han regido por la proporcionalidad entre las redes.

El balance de aulas concertadas -en realidad se trata de un saldo entre las creadas y las suprimidas a lo largo de los cursos- lo dio a conocer el lunes el secretario autonómico Miguel Soler en el debate organizado por la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), en el que también participaron los diputados y diputadas Beatriz Gascó (PP), Josep Nadal (Compromís), Mercedes Ventura (Ciudadanos) y César Jiménez (Podemos).

Encuesta LP

Por etapas, en Infantil se han perdido 26, en Primaria se han ganado 5, en la ESO 23 y en Especial 39. En grados medios de FP el balance es neutro (0) y en los superiores es de -9, mientras que en Bachillerato se sitúa en -47. A las cifras hay que añadir los programas de cualificación básica, que ganan 88 unidades.

Educación crea o elimina unidades en función de las necesidades de escolarización

Este tipo de ajustes, tanto para la pública como para la concertada, se realizan antes de cada ejercicio en función de las necesidades de escolarización y los datos demográficos de cada municipio. A grandes rasgos, si se prevé más demanda y se necesita más oferta, la administración autoriza una nueva unidad o línea. Y lo mismo sucede si hay crecimiento vegetativo del alumnado (el que pasa de un curso a otro) y se trata de un centro (o una línea) incompleto. Al contrario, si hay pérdida, una previsión de menor demanda o una línea está en proceso de extinción, se eliminan aulas.

En el caso de la concertada el recorte se aplica en unidades que no alcanzan el mínimo de estudiantes que exige la normativa estatal: la media de la etapa de los centros públicos de la localidad. En la Comunitat, además, al dato resultante se le resta dos puntos. Este límite no rige para la pública, donde hay más flexibilidad. En cuanto a las creaciones para atender nuevas demandas, todo depende del modelo político: se recurre básicamente a la enseñanza pública, como pasa ahora, o se abre la puerta también a la concertada, como sucedía con el PP.

El crecimiento de 73 aulas fue utilizado por Soler para defender que no ha habido un ataque hacia el sector, idea que explotaron Gascó y Ventura. «Transmitir que existe una guerra abierta no responde a la realidad, sólo ha habido discrepancia en Bachillerato», dijo Soler, en referencia a que en esta etapa postobligatoria se estableció un procedimiento diferenciado en la renovación de 2017, que derivó en la supresión de 47 aulas de 1º y 2º al considerar que no se precisaban para cubrir necesidades de escolarización. En este caso las ratios eran especialmente elevadas.

En cuanto a los datos de la enseñanza pública aportados por Soler, el balance llega a 1.244 unidades más en la legislatura. En Infantil se han creado 109 -el saldo en el segundo ciclo es de -27 pero se compensa con las 136 aulas de dos años en Ceips-, en Primaria otras 164, en ESO 532, en Bachillerato 105 y en FP 334. En comparación con el crecimiento de la concertada, la red pública crece 17 veces más. El cambio de paradigma es claro teniendo en cuenta que en el mandato anterior, entre ambas redes, el saldo fue de -528 aulas, casi todas públicas.

La creación y supresión de unidades tiene mucho que ver con el volumen de profesorado. Actualmente hay 6.000 docentes más en el sistema. Casi todo el incremento es de la pública, pues sólo unos 200 corresponden a la concertada. Este último dato también lo dio Soler para contrarrestar los ataques de la oposición. Además, dijo que para el próximo curso, a través del Plan de Actuación para la Mejora (PAM), la cifra crecerá en unos 70.

Mejoras laborales o atender la demanda social, las promesas

El debate sobre propuestas educativas organizado por Feceval dejó en evidencia las diferencias programáticas entre los partidos en relación a la enseñanza concertada. Por parte del PP se prometió la devolución de las aulas eliminadas en Bachillerato (casi todas ellas con sentencia favorable en el TSJCV y a la espera del Supremo), así como tener en cuenta la demanda social, la preferencia de las familias, en la planificación escolar.

Esta idea también la defendió Ciudadanos, que además apostó por la igualdad en cuanto al acceso a recursos formativos entre todo el profesorado sostenido con fondos públicos. Desde el PSPV se defendieron las políticas impulsadas esta legislatura, como el pago de la deuda de los trienios y la dotación de personal especializado en los centros de Especial, y se anunció que se avanzará hacia la equiparación real de todo el profesorado en cuanto a condiciones laborales. También apostaron por la complementariedad de las redes en la FP al tratarse de una etapa que debe crecer.

Por parte de Compromís, dejó claro que el eje de las políticas educativas debe ser la enseñanza pública, sin que la postura del partido nacionalista se interprete como de «enfrentamiento», y apostó por una «relación de diálogo» entre la administración y las «empresas» que le prestan servicio.

En cuanto a Podemos, reclamó una ley educativa valenciana que aporte certidumbre a la relación entre las redes pública y concertada, aunque coincidió en que debe ser prioritaria la primera, incluyendo la enseñanza de cero a tres años. El resto de partidos sí apostaron por fomentar la gratuidad en este tramo también en el sector privado.