La enseñanza concertada entra en campaña

Al calor del 28-A, LAS PROVINCIAS ha recogido las reivindicaciones del sector, una buena guía para que los partidos tomen nota, si lo consideran oportuno, aprovechando que los programas están en la cocina, pues no se puede olvidar que aglutina a 170.000 alumnos y 15.000 docentes. Las voces son unánimes en dos ideas: que se valore la demanda social y que exista igualdad de recursos respecto a la pública al asumir las mismas obligaciones en cuanto a ordenación académica.

La Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval) plantea que los programas «respeten la demanda social», lo que implica tener en cuenta las preferencias familiares a la hora de planificar la oferta de plazas escolares. «Queremos una escuela pública de calidad con los recursos necesarios, pero con igualdad de condiciones para la concertada», explica el presidente, Alberto Villanueva. En este sentido, la patronal ha recurrido la exclusión del programa de auxiliares de inglés, que sólo llega a la red pública.

También plantea «una buena planificación de la educación Infantil (0-3 años)» donde la gratuidad «sea efectiva y no selectiva en función de la titularidad para dar estabilidad al sector y que no se rompa el ciclo, contando con la red ya existente», que es mayoritariamente privada. Además reclama más flexibilidad a la hora de implantar títulos de FP o que se salde la deuda histórica de la modalidad Dual. Por último, respecto a los centros privados, propone «una desgravación fiscal» para no penalizar a las familias por su «doble gasto», pues pagan impuestos que sostienen las otras redes y también asumen el coste del puesto escolar de sus hijos.

La otra patronal, que aglutina a los centros de ideario católico, coincide en el «respeto a la libertad de enseñanza», concepto muy ligado a la demanda social, y reclama «la gratuidad de las aulas de aulas de dos años de la red concertada», opción que sólo llega a las que se integran en los Ceips públicos.

Como explica la secretaria autonómica Vicenta Rodríguez, también es fundamental que los gabinetes psicopedagógicos en Infantil y Primaria se integren en el concierto, lo que ayudaría a detectar necesidades específicas de apoyo entre el alumnado de manera temprana y evitaría la saturación de estos recursos públicos, que en muchas ocasiones atienden a demasiados centros.

Por último, Rodríguez pide «modificar la normativa de admisión para que los padres puedan elegir libremente» e «igualdad de trato en la formación del profesorado público y concertado, especialmente en relación a idiomas extranjeros». Además del caso de los auxiliares ya citado, las estancias formativas que promueve la conselleria en la práctica dejan sin apenas opciones a los docentes que no son funcionarios.

El sindicato mayoritario destaca la renovación automática del concierto en las aulas con demanda social (con suficientes alumnos) y que la vigencia del concierto se evalúe cada seis años (salvo en Primaria, en el resto de etapas llega cada cuatro). También pide una mayor financiación para fomentar el éxito educativo -asegura que este año se han recortado 200.000 euros en los Planes para la Mejora (PAM)-, más dotación para los centros CAES, un bono infantil que permita la gratuidad también en la red privada y concertada y que «no se margine al 35% del profesorado de la Comunitat en su formación» -en referencia al programa de auxiliares de conversación o al de estancias formativas-.

También plantea la misma carga lectiva que los funcionarios en todas las etapas, la homologación salarial real -incluyendo los sexenios-, el pago delegado para el PAS y el personal específico de los centros de Especial y una actualización del módulo de otros gastos, que se mantiene congelado desde 2009.

La presidenta de la Confederación Católica de Padres y Madres de la Comunitat, Julia Llopis, destaca, en materia lingüística, la derogación de la Ley de Plurilingüismo y la vuelta a un modelo como el del decreto de 2012 que permitía la convivencia de líneas en valenciano y en castellano. También aboga por eliminar el requisito lingüístico para el acceso a cualquier puesto docente o por la actualización del mapa derivado de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, de 1983.

Solicita además la eliminación de las zonas de influencia en la admisión para «garantizar la libertad de elección» y la devolución de las aulas de Bachillerato recortadas «siempre que tengan demanda». Un protocolo «minucioso» contra el acoso escolar, nuevas pruebas diagnósticas y recuperar los exámenes de septiembre son otras de sus medidas.

En cuanto a Fcapa, la federación católica de Valencia, añade además «la eliminación de toda medida discriminatoria contra los docentes» y respeto a la asignatura de Religión.