El negocio de okupar y desokupar en la Comunitat

La creciente demanda en un sector relativamente joven se alimenta de la lenta burocracia para desokupar, la falta de medios de la Justicia y la indignación e impotencia de cientos de personas que tratan de recuperar sus casas lo más pronto posible.

Los gastos judiciales de una demanda para desalojar a un okupa oscilan entre 2.000 y 3.000 euros entre abogados, procuradores y tasas, aunque los casos de desahucio por precario suelen ser más caros por su complejidad. A esto hay que sumar los pagos por arreglos de desperfectos en la vivienda, derramas en la comunidad de vecinos y facturas de luz y agua.

Entre cuatro y seis meses se tarda en tramitar la ejecución de un proceso de desahucio, pero la recuperación efectiva de la vivienda se puede demorar varios años. Hay multitud de factores que pueden retrasar el desalojo, aunque la utilización de menores es la práctica más efectiva. Los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad prevalecen y los okupas lo saben.

Las empresas desokupas trabajan al margen de los tribunales, pero no de la ley. Suelen cobrar un mínimo de 2.000 euros por vivienda desalojada, con un adelanto de entre el 40 y 50 por ciento de esta cantidad en el momento de la firma del contrato, y no hacen públicas en sus webs las tarifas de los servicios que ofrecen.

Otros precios más bajos son, por ejemplo, los 800 euros que pagó un cliente con la salvedad de que sólo habría un intento de mediación para desocupar una planta baja en la misma ciudad donde la empresa presta sus servicios. Y en algunos casos que consideran más fáciles de resolver renuncian al anticipo y sólo cobran si el cliente recupera su casa.

¿Pero cómo actúan las empresas desokupas? ¿Cuánto cobran? ¿Utilizan prácticas ilegales? La mayoría analiza primero cada caso tras realizar un estudio de los ocupantes ilegales. Conocerlos bien puede ayudar a resolver el conflicto. El siguiente paso es acudir al inmueble para mediar con ellos y tratar de que firmen un contrato con una salida pactada de la vivienda.

Si no consiguen un acuerdo para el desalojo, la estrategia pasa por establecer el denominado control de acceso, que supone la presencia continua de varios individuos corpulentos en la puerta de la casa. La intención no es otra que presionar a los okupas, además de comprobar quién sale y entra de la vivienda.

Impedir que vuelvan a entrar en la casa es una medida legal, pero sólo pueden hacerla efectiva trabajadores de una empresa de seguridad privada, y una mayor vigilancia encarece el precio que tiene que pagar el propietario de la vivienda.

Mientras realizan el control de acceso a la propiedad del perjudicado, los empleados de la empresa desokupa continúan las negociaciones e incluso intentan llegar a un acuerdo económico con los ocupantes ilegales. Es un secreto a voces que algunos bancos y fondos de inversión abonan cantidades generosas para recuperar sus propiedades.

«Lo de pagar dinero a los okupas para que se vayan no es habitual y depende de las circunstancias de cada caso y también de lo que diga el cliente, pero es verdad que en algunos contratos contemplamos una ayuda económica para facilitar el desalojo», afirma Mónica López, gerente de JM Desokupaciones.

El teléfono no para de sonar en el despacho de esta empresa de Elche. «La demanda de nuestros servicios se ha disparado desde que trascendió que la nueva ley de vivienda protege más a los okupas vulnerables», asegura la empresaria. «Mucha gente lo está viendo como un incentivo a la okupación y otro obstáculo para que los propietarios recuperen sus viviendas, y por eso nos llaman a nosotros para que intervengamos», añade Mónica.

De lo que más presumen las empresas desokupas es del éxito de sus mediaciones con porcentajes de desalojos que rozan el ciento por ciento de los asuntos que aceptan. «Las primeras horas son clave porque hay un delito de allanamiento de morada tanto en la okupación de primera vivienda como en la de segunda residencia, y en ambos casos es posible desalojar de forma inmediata al intruso sin necesidad de solicitar medidas judiciales», explica la portavoz de JM Desokupaciones.

«Una de nuestras principales recomendaciones es no presentar denuncia en el juzgado para eludir el cauce legal y actuar entonces con más rapidez», explica el gerente de otra empresa del sector cuyo nombre nos pide que omitamos. «Estamos ayudando a personas desesperadas, no a fondos de inversión ni a especuladores como dicen algunos», se queja el empresario.

Aunque son empresas legales, los métodos que emplean para conseguir algunos desalojos bordean la normativa. Detrás de la rapidez y eficacia de este sector se encuentran prácticas intimidatorias de hombres corpulentos que recuerdan más a matones que a un mediador. «Esa mala fama nos persigue pero como en todos los sectores hay empresas y empresas. Nosotros siempre cumplimos le ley y tenemos nuestro gabinete jurídico, vigilantes, auxiliares de seguridad y un equipo cualificado de mediadores», asevera Mónica.

«Hemos realizado en dos años cerca de doscientos desalojos, la mayoría de ellos en la Comunitat Valenciana, y no hemos tenido ningún problema legal», agrega la gerente de JM Desokupaciones. Los empleados de esta empresa han sido atacados «con pistolas, cuchillos, martillos y todas las armas que podamos imaginar», afirma Mónica, y por eso cuando negocian con okupas violentos llevan chalecos anticorte y espráis de defensa personal.

Algunos trabajadores del sector han sido detenidos por extorsionar a los okupas para conseguir los desalojos, pero también sufren agresiones. El pasado 4 de mayo, el gerente y un empleado de la empresa Cotraocupacion, que también tiene su sede en Elche, resultaron heridos al ser atacados por un grupo de okupas colombianos con cuchillos y un martillo en las calles Ciudad de Mula y Bélgica en la ciudad de Valencia. La rápida actuación de varias patrullas de la Policía Local y la colaboración de los vecinos fue clave para detener a dos de los agresores e identificar al resto de implicados en los violentos hechos.

Pero no todos los okupas son conflictivos. «En Gandia tuvimos un caso en el que empatizamos con una mujer y su hija de 16 años. Estaba muy desesperada porque no tenía trabajo y decía que quería suicidarse. Mi marido y yo hablamos con ella para quitarle esa idea de la cabeza, la orientamos para que saliera adelante después del desalojo, y ahora seguimos en contacto y nos manda mensajes de agradecimiento», recuerda Mónica.

«No es lo mismo un moroso que ha dejado de pagar el alquiler porque se ha quedado sin trabajo que un okupa que entra en una casa tras romper la puerta a patadas. Y luego están las mafias de okupación que se aprovechan de unos y de otros», añade con el ceño fruncido.

También ayudan en la mudanza en algunas ocasiones. «Si ellos colaboran cogemos sus cosas y las llevamos en una furgoneta donde nos dicen, pero dejamos todos los enseres en la puerta sin entrar en ninguna vivienda», explica la mediadora.