Educación pierde siete millones de fondos europeos por el retraso del Botánico en impulsar un plan de tutorías

La idea no sólo se desprende de los plazos de tramitación que obran en el expediente -en mayo de 2022 ya se sabía que se recibirían los fondos y que el límite máximo para realizar el proyecto se fijaba para finales de 2023-, sino que también impregna la circular enviada el martes a los centros participantes informando de la anulación.

Se trata del programa 'Mentoría Comunitat Valenciana. Tutoría online contra la exclusión social', un plan piloto que debía servir para medir el impacto que tenía, entre alumnos en situación de desventaja socioeconómica, la realización de tutorías en horario extraescolar. Se iban a centrar en contenidos de Matemáticas y en aspectos emocionales, trabajando habilidades sociales y cuidados relacionados con la salud mental, y la muestra estaba abierta a estudiantes de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO propuestos por los centros y con la consiguiente autorización de las familias.

Las tutorías debían realizarse tres veces por semana con una duración de 50 minutos cada sesión, prolongándose durante dos meses y medio. Y se tenían que haber ejecutado antes del próximo día 30, requisito recogido en el real decreto del Gobierno que fijaba las condiciones para la concesión de los 6,8 millones, provenientes de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que fue oficial el 19 de mayo de 2022.

En diciembre (o incluso antes) el servicio de Formación del Profesorado ya tenía esbozada la intervención, según se recoge en la declaración de urgencia de la licitación para seleccionar a la empresa que se encargaría de su aplicación, que debía aportar 530 docentes para las mentorías, entre otras tareas. Pero no fue hasta marzo de 2023 cuando se aprobó su consideración prioritaria para poder cumplir con los plazos. Dos meses antes, el 12 de enero, se oficializaba el convenio entre el Gobierno, intermediario de los fondos, y la Generalitat, concretándose así la disposición del dinero por parte de la administración autonómica. Sin embargo, el concurso público para elegir a la empresa tardó cuatro meses más, iniciándose el 17 de mayo, pocos días antes de las elecciones.

La licitación no estuvo exenta de sobresaltos, pues el citado servicio tuvo que elaborar un par de informes para garantizar que la baja económica presentada por una de las dos empresas que concurrieron, la finalmente adjudicataria, no comprometía la viabilidad del proyecto. Inicialmente la mesa de contratación no validó esta justificación, y al final decidió suspender temporalmente el procedimiento «a la espera» de que se concretara el responsable del expediente «en vista de los cambios en los órganos directivos» que se estaban produciendo como «consecuencia del cambio de carteras» tras la entrada del nuevo equipo. El acta de esta sesión se firmó el 28 de julio.

Tras el cambio, los actuales gestores llegaron a relanzar el procedimiento, adjudicándose las mentorías mediante un contrato que se formalizó el 28 de octubre. Siendo conscientes de que ya no daba tiempo a cumplir los plazos de ejecución (dos meses y medio), a principios de ese mes ya se había pedido al Gobierno una prórroga, que no se aceptó.

«En el momento de la incorporación de nuestro equipo a la Subdirección General de Formación del Profesorado, el 1 de septiembre de 2023, el contrato por el que se formaliza la ejecución del proyecto estaba en proceso de licitación de la empresa adjudicataria y la selección del alumnado paralizada», dice la carta, que alude a continuación a «las reiteradas solicitudes» realizadas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable de la distribución de los fondos, para ganar más tiempo. La primera se trasladó el 5 de octubre, pero no fue hasta el 31 cuando llegó la negativa.

También se tuvo que trabajar a marchas forzadas para intentar alcanzar los 6.000 alumnos marcados en el proyecto, pues según fuentes de Educación los anteriores gestores se habían quedado a menos de la mitad. Para ello se abrió el abanico más allá de integrantes de familias que reciben el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Valenciana de Inclusión, que eran el objetivo preferente. Así, el servicio ya no se centró sólo en centros de especial vulnerabilidad, sino que contactó con escuelas ordinarias, patronales concertadas, ayuntamientos o centros de menores para que aportaran más estudiantes que cumplieran el requisito socioeconómico. Fuentes del departamento estiman que con más tiempo habrían llegado a alcanzar la cifra, pero la negativa estatal ha acabado dando la puntilla al proyecto.

Aunque los fondos europeos asignados ascendían a 6,8 millones, las tutorías se adjudicaron a la empresa por 3,59 millones. Sin embargo se podían imputar otro gastos adicionales. De hecho la conselleria pensaba facilitar dinero a los centros para que pagaran la conexión a internet de los alumnos para la realización de las tutorías, así como el préstamo de tablets utilizadas durante las sesiones.

El pasado 3 de noviembre se informó a la adjudicataria de la suspensión del programa, lo que abre una nueva derivada, pues esta tiene derecho a percibir un 6% de la cuantía de adjudicación referida a los servicios que deja de prestar, una cuantía que se encuentra en fase de negociación. Dicho de otro modo, al final el fallido proyecto puede costarle dinero a la administración valenciana.

En la carta remitida a los centros se justifica la anulación en que «resulta imposible cumplir con el objetivo al no disponer de los medios necesarios y el tiempo requerido para su ejecución», cerrándose con el ruego de que se traslade «nuestras disculpas y nuestro más sincero agradecimiento por el trabajo realizado por todo el personal del centro implicado en el programa, a las familias y al alumnado participante».