Los divorcios de los valencianos se vuelven más conflictivos

Éstas son algunas de las principales conclusiones que se extraen de los datos recogidos en un informe por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados este viernes.

En las cifras recogidas en el territorio valenciano por lo que respecta al conjunto de demandas -que incluyen separaciones, divorcios y nulidades- se aprecia un repunte de la litigiosidad de las parejas al afrontar los procedimientos.

Así, mientras los divorcios con consenso entre cónyuges, 6.636, se redujeron un 2,4% respecto a los 6.801 de 2022, los divorcios no consensuados, 4.494, superaron en un 6,5% los 4.420 que se tramitaron un año antes.

Esa tendencia no resultó compensada por las demandas de separación, que son siempre una pequeña parte del total de modalidades de disolución matrimonial, y que muestran en la anualidad analizada una tónica diferente: un incremento de los acuerdos entre las partes.

En concreto, las demandas de separación con consenso subieron un 6,5%, de 341 en 2022 a 363 en 2023, mientras que las litigiosas cayeron un 19,5%, de 174 a 140, respectivamente. En cuanto a las demandas de nulidad del matrimonio, hubo una más, diez, y ello implica un incremento porcentual del 11,1.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2023, el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España fue de 192,1. Como ocurrió en 2022, la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía con una tasa más alta de rupturas de parejas con procedimiento judicial en curso durante el pasado año, 223,1 por cada 100.000 habitantes, superada, nuevamente, por Canarias, con una tasa de 247,3. Después le siguen Baleares, con 213,9; Murcia, con 204,3; Andalucía, con 198,9; Castilla–La Mancha, con 195,7 y Cataluña, con 194,9.

Por el contrario, las tasas más bajas de demandas de disolución matrimonial en función de la población se dieron en el País Vasco, con 157,3 demandas por cada 100.000 habitantes; Castilla y León, con 158,2; Madrid, con 160,9; Extremadura, con 179,4 y Cantabria, con 184,7.

Durante 2023, también aumentaron las demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, concretamente un 4,5%, al alcanzar las 4.061, por las 3.886 de 2022, al tiempo que las consensuadas bajaron un 3,6%, al situarse en 1.398, frente a las 1.450 del año anterior.

Por su parte, las medidas relativas a la guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales sin consenso entre las partes sumaron el pasado año 3.195, cuando en 2022 se registraron 2.848, lo que implica un incremento interanual del 12,2%. En este caso, también crecieron las demandas con acuerdo, un 10,3%, al pasar de 2.228 en 2022 a las 2.457 del pasado año.

Por provincias, la de Alicante registró durante el pasado año un total de 4.233 demandas de disolución matrimonial, por las 3.998 de 2022, demandas que se desglosan de la siguiente manera: cuatro nulidades matrimoniales, 2.445 divorcios consensuados, 1.623 divorcios no consensuados, 115 separaciones consensuadas y 46 no consensuadas.

El total de disoluciones en Valencia fue de 6.140, menos que las 6.350 de un año antes, y presentaron la siguiente distribución: seis nulidades, 3.469 divorcios con acuerdo, 2.381 sin acuerdo, 206 separaciones consensuadas y 78 no consensuadas.

Finalmente, en la provincia de Castellón se registraron durante el pasado año ninguna nulidad, 722 demandas de divorcio con consenso, 490 sin él, 42 separaciones con acuerdo y 16 sin él, lo que hace un total de 1.270, frente a las 1.197 contabilizadas en 2022.