El Constitucional anula parte de la comisión de investigación del metro

La UTA3736 siniestrada, trasladada a los talleres de FGV tras el accidente. /
La UTA3736 siniestrada, trasladada a los talleres de FGV tras el accidente.

Asume la reclamación de un técnico de FGV culpado en las conclusiones y cuestiona que se excedan de responsabilidades políticas

Arturo Checa
ARTURO CHECAValencia

Varapalo a la credibilidad de la comisión de investigación de Les Corts celebrada en 2016 para dilucidar responsabilidades políticas sobre el accidente del metro con 43 muertos y 47 heridos. El Tribunal Constitucional ha aceptado un recurso presentado por un exresponsable de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) al que la comisión señaló como responsable de la tragedia. El alto tribunal anula la parte de las conclusiones en la que señalaba al técnico como responsable político de lo ocurrido, cuestiona que las comisiones de investigación vayan más allá de la depuración de cuestiones políticas y recuerda que, en caso de hallar elementos ilícitos o susceptibles de ser delito, cualquiera de estas comisiones debe acudir a la Fiscalía o a un juzgado.

«Las conclusiones que las cámaras puedan alcanzar en el ejercicio de sus facultades investigadoras deben estar exentas de cualquier apreciación o imputación individualizada de conductas o acciones ilícitas a los sujetos investigados», es uno de los fragmentos de la resolución del Tribunal Constitucional.

El recurso fue presentado por el que fuera jefe de Recursos Humanos de FGV y encargado de la materia de prevención de riesgos laborales. El exdirectivo (al que varios procesados han señalado en la causa como encargado de decidir a qué velocidad circulaban los trenes o la formación en riesgos laborales de los empledos, dos materias objeto de enjuiciamiento en la causa que diccernirá un juzgado de lo Penal) fue citado a declarar a la comisión de investigación y hoy es el impulsor de un notable varapalo judicial a las conclusiones del trabajo de Les Corts, firmadas por PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos. El Partido Popular se apartó de la rúbrica de las mismas.

«La responsabilidad política no es procedente ni ajustada a derecho, pues como funcionario no era ni es titular de poder público alguno al que pueda imputarse o exigirse dicha responsabilidad. Se están excediendo al declararle como tal y declarándose realmente su culpabilidad jurídica en un juicio paralelo al margen del proceso público con todas las garantías al que como tal trabajador tiene derecho», sostenía el exjefe de Recursos Humanos en el recurso que ahora ha dado por bueno el Tribunal Constitucional.