Los alumnos valencianos estarán obligados a estudiar el terrorismo de ETA

Los contenidos mínimos que tienen que estudiar los alumnos se desprenden de la normativa básica que elabora el Gobierno (reales decretos) que luego las comunidades deben completar -pero no obviar- a través de decretos autonómicos. Estas normas establecen el llamado currículo, que además de los temarios imprescindibles (ahora conocidos como saberes básicos), comprende también competencias, métodos pedagógicos, objetivos y criterios de evaluación para el profesorado. Para hacerse una idea, son la base para el diseño de los libros de texto y demás materiales didácticos. Eso sí, los docentes los pueden desarrollar y completar de manera voluntaria, pero su obligación se ciñe a tratar lo recogido en las citadas normas.

El último decreto que regula el currículo de Bachillerato en la Comunitat data de 2022, cuando el Consell del Botánico tuvo que adaptarlo a la enésima reforma educativa, la popularmente conocida como Ley Celaá. Y se omitió cualquier referencia ya no a la violencia etarra, sino al terrorismo en general.

Si se analiza el real decreto estatal de Historia de España aparecen dos epígrafes que aluden a la cuestión. El primero es el que se centra en la memoria democrática, que incluye el «reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia y del terrorismo en España», junto a otros contenidos como «las acciones y movimientos en favor de la libertad en la historia contemporánea o la conciencia de los hechos traumáticos y dolorosos del pasado y el deber de no repetirlos». También se citan otros más espinosos, con mayor regusto ideológico, como «los lugares o las políticas de la memoria». El segundo apartado en cuestión es el que alude a la Transición y la Constitución de 1978, que recoge, entre otros aspectos, «la normalización democrática y la amenaza del terrorismo».

Aunque no exista una referencia explícita al terror etarra -lo que desde un punto de vista normativo eximiría a los docentes de la obligación de abordarlo en clase-, la lógica indica que no tendría sentido obviarlo si se tiene en cuenta el contexto.

Sin embargo, en las aulas de la Comunitat los contenidos mínimos que se trabajan son los del decreto autonómico, en el que se obviaron ambas referencias. Lo más parecido son las ideas recogidas sobre «la reparación de las víctimas de la violencia» o «la conciencia de hechos traumáticos del pasado y de no repetición de situaciones violentas y dolorosas». Es llamativo que se evitara citar expresamente a las víctimas del terrorismo cuando sí se alude a las de la violencia en un sentido más genérico.

En resumen, si el Gobierno ya pasó de puntillas para no pisar charcos a la hora de obligar a tratar el terrorismo de ETA en las aulas, aunque dejó la puerta abierta, el Consell del Botánico optó por dar una larga zancada, fiando su abordaje al libre albedrío de cada docente (siempre que tuviera tiempo lectivo suficiente) o a la aplicación de programas externos impulsados por organizaciones civiles.

Esta situación se corregirá con el cambio curricular que se acometerá en los próximos meses, introduciendo contenidos relativos al terrorismo, tratando específicamente el etarra y con mayor atención al recuerdo de las casi mil víctimas mortales y sus familias. Además, se recuperará así espíritu del currículo anterior, aprobado en 2015 para desarrollar la Lomce, la ley orgánica del PP, que incluía entre sus contenidos mínimos «la consolidación de la democracia, las amenazas del terrorismo y del golpismo o el golpe de Estado del 23-F».

Además, la Comunitat es de las pocas regiones que omiten el estudio obligatorio del terrorismo en el país a través de la asignatura de Historia de España junto a Baleares, Cataluña (en puridad alude sólo el terrorismo internacional y el ciberterrorismo) y el País Vasco. Es decir, no aparece entre los saberes básicos fijados por estas cuatro autonomías. Por otra parte, hay cuatro que adaptaron el real decreto estatal haciendo una mención explícita al terror etarra, por lo que se blinda su aprendizaje en 2º de Bachillerato, mientras que las restantes optaron por trasladar exactamente el tenor literal del real decreto estatal.