Alumnos y profesores rechazan la 'ley Castells' por reducir la participación

La presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup), Andrea Paricio, criticó que la participación del alumnado en los órganos de gobierno se ve notablemente disminuida en el anteproyecto. Por un lado, el peso de los estudiantes pasa de un 25% a un 10% en el proceso de elección del rector.

Paricio incidió en que la ley también establece la posibilidad de elegir un mecanismo de elección del rector que deja a los estudiantes «sin posibilidad de participación en el proceso» que quedaría en manos de un órgano externo a la universidad.

La representante de los estudiantes también destacó que se produce un retroceso en los derechos ya que, entre otros aspectos, no se recoge el derecho del alumno a tener un tutor. Además, Paricio señaló que el cargo de presidente del Consejo de Estudiantes es por un periodo de seis años cuando la duración de las carreras es de cuatro. «¿Qué estudiante va a querer optar a este puesto?», se preguntó.

En la misma línea se pronunció Andrés Fernández, coordinador de la Asamblea General de Estudiantes (AGE) de la Universitat de València. Fernández llamó la atención sobre que la nueva ley abre la puerta a que el rector pueda elegir directamente a los decanos a partir de una terna sin participación de los alumnos.

Fernández destacó que se refuerza la importancia del Consejo Social en el gobierno de la universidad donde ocupará el 10% de los 50 puestos que tendrá el máximo órgano rector de la entidad mientras que la representación estudiantil disminuye.

Paricio también advirtió, en este sentido, de que el anteproyecto puede permitir una mayor politización de la universidad a través del Consejo Social que según la nueva ley será elegido por los gobiernos autonómicos y tendrá una mayor representatividad en el consejo de gobierno de la universidad.

Las críticas llovieron desde los sindicatos. El presidente de Educación del CSIF en la Comunitat Valenciana, José Seco, criticó que la nueva ley se había impulsado sin negociación y sin contar con los profesionales. También denunció que el anteproyecto no acaba con la precariedad laboral que existe en la universidad.

En cuanto a la mayor facilidad para contratar a mujeres, Seco señaló que el sindicato siempre ha estado a favor de acabar con cualquier techo de cristal. Sí que consideró que la nueva ley tendría que haber entrado más al detalle de los problemas y no dejar tantos aspectos en manos de las comunidades autónomos. «No es un marco legislativo suficiente a nivel estatal», apuntó.

Desde UGT insistieron en los mismos aspectos. No es un texto negociado y la reducción de la temporalidad es insuficiente, según explicó Susana Díaz de UGT Valencia. La formación sindical criticó que el ministerio no se haya reunido con los actores y avisó de que la precariedad laboral continuará.

Desde CCOO criticaron que la ley se ocupa de «definir un nuevo modelo de gobierno de la Universidad pública presidencialista y gerencial en torno a la figura del rector en detrimento de la participación democrática y de la transparencia de los órganos de gobierno y de representación». Para el sindicato, el rector tiene que rendir menos cuentas y designa al resto de órganos de gobierno unipersonales como los decanos.

Desde la Conferencia de Rectores no se han manifestado hasta el momento.