Tres bancos rechazan firmar el acuerdo con el Consell para evitar los desahucios en la Comunitat

Las entidades financieras Ibercaja, UCI y Kutxabank han rechazado firmar el acuerdo con la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para hacer frente y evitar los desahucios en la Comunitat Valenciana, al no estar de acuerdo con todos los puntos del documento, según ha explicado a Europa Press la titular de este departamento, María José Salvador, tras la segunda reunión de la Mesa de Prevención de Desahucios.

Según la consellera, Cajamar, Caixa Ontinyent y Caixa Popular sí han estado de acuerdo con los puntos pactados mientras que Bankinter, Banco Sabadell, Bankia y la Caixa trasladarán este viernes su decisión.

El acuerdo, alcanzado el pasado 29 de septiembre en la primera reunión de la Mesa de Prevención de Desahucios, insta a cada entidad financiera a nombrar a un interlocutor con la Generalitat para hacer un seguimiento de aquellas situaciones de impagos que puedan suponer riesgo de pérdida de la vivienda habitual del deudor para poner en marcha canales de mediación para encontrar una solución al problema.

Asimismo, compromete al banco a no instar los lanzamientos de las viviendas habituales de las personas, sin que se hayan agotado todas las posibilidades de negociación, hasta que entre en vigor la nueva ley de la Función Social de la Vivienda e insta a las entidades a ofrecer viviendas para que sean destinadas al alquiler social.

En esta segunda Mesa de Prevención de Desahucios han participado tanto entidades financieras, como organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del País Valencià (PAH), la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunitat Valenciana, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios y Amnistía Internacional.

Asimismo, de agrupaciones profesionales, han estado presentes el Colegio de Abogados, el Colegio de Registradores, el Colegio de Administradores de Fincas, el Colegio de Notarios y el Colegio de Agentes de la Propiedad, así como organizaciones sindicales CCOO, UGT e Intersindical.

«Situación de emergencia»

Al respecto, Salvador ha resaltado que esta segunda convocatoria se enmarca en una "situación de emergencia" y de "voluntariedad" para buscar medidas que hagan frente a esta problemática dado que ha lamentado que la Comunitat es la segunda autonomía en número de desahucios.

La titular de Vivienda ha destacado que, de las entidades financieras participantes en esta reunión, tres de ellas --Cajamar, Caixa Ontinyent y Caixa Popular-- han firmado este acuerdo, mientras que Ibercaja, UCI y Kutxabank han declinado esta opción al no estar de acuerdo con algunos de los puntos. Igualmente, ha detallado que otras cuatro --Bankinter, Banco Sabadell, Bankia y la Caixa-- han manifestado que están abiertos a la firma y que será el viernes cuando trasladen su decisión.

Inquirida sobre los argumentos que han ofrecido los bancos para no firmar el documento, Salvador ha explicado que algunos no están de acuerdo con todos los puntos y plantean algunos matices. "Lo que no podemos hacer es un documento para cada entidad financiera diferente. El acuerdo es el que es y es un acuerdo único para todos y lo que no podemos hacer es entrar a debatir si un punto o si el otro o si hacemos modificaciones", ha recalcado.

A pesar de la negativa de algunos de los bancos, ha incidido en que en estos momentos no pueden tomar medidas sancionadoras porque todavía no está en vigor la Ley por la Función Social de la Vivienda pero ha manifestado que están trabajando para que la norma "sí que obligue a las entidades financieras que tengan viviendas vacías a que las registren en un registro de vivienda deshabitada".

"Si no lo hacen, sí que aplicaremos medidas sancionadoras de carácter subsidiario, pero todavía estamos en un marco de prevención y previo", ha manifestado.

Ley por la función social de la vivienda

Por otro lado y preguntada sobre cuándo se tramitará esta nueva norma, la consellera ha admitido que espera a finales de año y sobre el mes de diciembre tener el anteproyecto para iniciar así la tramitación.

"La tramitación de una ley tiene su tiempo y no queremos exponerla a que sea impugnada por el PP al Tribunal Constitucional como ha pasado en otras autonomías", ha apuntado Salvador, quien ha incidido en que trabajan en una ley "estructural" que no sea "un cambio coyuntural".

Rescate de 71.377 millones de euros

Salvador ha recordado que de las entidades que han convocado para esta reunión, Bankia, entidades integradas en BBVA, entidades del Banco Sabadell, Caixabanc e Ibercaja acumulan ayudas públicas --un "rescate"-- por valor de 71.377 millones de euros, según los datos facilitados por la Conselleria.

A este respecto, fuentes de este departamento detallan que, según un informe de Banco de España, durante el periodo 2009-2015, Bankia ha recibido un total de 36.183 millones de euros en ayudas públicas, mientras que las entidades integradas en BBVA han obtenido 17.314 millones; la antigua CAM, integrada en Banco Sabadell, 13.222 millones; Banco Valencia, integrado en Caixabanc, 7.223 millones y las entidades de Ibercaja 1.097 millones.

Por tanto, Salvador ha señalado que estas entidades financieras, que han sido objeto de "rescate público", deben asumir una "responsabilidad social" en la Comunitat y colaborar para "revertir ese rescate publico en el rescate a las personas".

"Consideramos fundamental que firmen este mínimo acuerdo y apliquen esta moratoria que no es indefinida en el tiempo y que está marcada hasta que se apruebe esta ley por la Función Social de la Vivienda", ha recalcado.