La Federación de Municipios critica al Gobierno por los «olvidados» de la dana
La entidad eclama al Ejecutivo que incluya en las ayudas públicas a 28 municipios afectados por las inundaciones
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha solicitado al Gobierno un mayor compromiso con los municipios valencianos afectados por la dana. En particular, ha pedido la inclusión de 28 localidades que aún no figuran en la lista oficial de municipios dañados y la flexibilización de las reglas fiscales para que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes en proyectos de inversión y recuperación.
Se trata de los municipios de Carcaixent, Castelló, Chulilla, l'Ènova, la Pobla Llarga, Millares, Manuel, Rafelguaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo, Xeraco, Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo y Castielfabid.
En todos ellos se han realizado ya peritajes técnicos que acreditan daños de diversa índole, tanto en zonas urbanas como industriales, caminos y otras infraestructuras, que requieren de intervención. La Generalitat apoya esta iniciativa desde el prinicipio, al considerar que de lo contrario supone «el abandono real a más de 80.000 personas en la Comunitat Valenciana, que están viviendo las devastadoras consecuencias de la dana», según expresó en su día el de Administración Loca, José Antonio Redorat.
La entidad aprobó por unanimidad la semana pasada en la junta de portavoces la ampliación hasta el 22 de septiembre de 2025 del plazo para que los municipios afectados por la dana justifiquen las ayudas económicas. La decisión responde a las dificultades de gestión que atraviesan muchas localidades, cuyos equipos técnicos están desbordados tras las inundaciones del pasado 29 de octubre.
Además de ampliar los plazos, la FVMP acordó un conjunto de actuaciones destinadas a facilitar la reconstrucción y apoyar a los ayuntamientos en su labor diaria. Entre ellas se incluyen la mejora de la coordinación con entidades como la Confederación Hidrográfica del Júcar y TRAGSA, el refuerzo en la gestión de residuos y la atención a las necesidades sociales de los vecinos más afectados. Todas estas acciones persiguen agilizar trámites, optimizar recursos y dar una respuesta más eficaz a la ciudadanía.
