Seis meses de cárcel y 1.800 euros de multa para un hombre por el empadronar fraudulentamente a una mujer en Cabanes

Seis meses de cárcel y 1.800 euros de multa para un hombre por el empadronar fraudulentamente a una mujer en Cabanes

Compromís, que denunció la manipulación del censo electoral de 2007, no ve el fallo satisfactorio porque «el fraude ha quedado impune»

EUROPA PRESSCastellón

El juzgado de lo Penal número 1 de Castellón ha condenado a seis meses de prisión y 1.800 euros de multa a un hombre por presentar en el Ayuntamiento de Cabanes (Castellón) en 2006 una solicitud para empadronar a una mujer sin haber prestado esta su consentimiento para ello, ni haber firmado el documento, en el que aparecía una firma simulando la de ella pero estampada por una tercera persona en «connivencia» con el ahora condenado.

Así consta en el extracto de esta sentencia condenatoria que ha facilitado Compromís, que en su día denunció que unas 40 personas del municipio de la Vall d'Uixó y del entorno del yerno de un conocido empresario con intereses en la localidad de Cabanes se habrían empadronado masivamente días antes de terminar el plazo hábil para poder votar en las elecciones municipales. Por ello, no creen que esta sea «ni mucho menos una sentencia satisfactoria», ya que «el fraude electoral ha quedado impune», lamentan.

La sentencia señala como probado que el acusado presentó en el Ayuntamiento de Cabanes una solicitud de inscripción en el padrón municipal, en la que incluía a una mujer «a sabiendas de que esta ni tenía la intención de empadronarse en dicha localidad, ni había prestado su consentimiento». «Y siendo consciente el acusado --continúa-- de que la firma que constaba en dicho documento simulando ser la de esta mujer no había sido estampada por ella, sino por un tercero en connivencia al efecto con el acusado».

Así, el magistrado argumenta que «aun cuando no ha quedado probado que el acusado ejecutase él mismo la modificación de la solicitud de empadronamiento, sí ha quedado acreditado que sin su aportación era imposible efectuar la falsificación, por lo que responde como autor mediato del delito» y, por tanto, le condena por un delito de falsedad en documento oficial, con la atenuante de dilaciones indebidas.

Durante su declaración en el juicio, el acusado dijo no recordar si había llevado alguna solicitud de empadronamiento al Ayuntamiento. A preguntas de su defensa, además, declaró no haber tenido ninguna relación con el PP ni con ningún partido político, ni haber falsificado ninguna firma.

Por su parte, el que fuera alcalde de Cabanes entre 1999 y 2011, Artemio Siurana (PP), a preguntas de las partes sobre si veía normal que entre noviembre y diciembre de 2006 se empadronaran en el municipio 160 personas respondió que él no sabía que se habían empadronado esas personas, y manifestó que él no dio ninguna orden al Ayuntamiento para que se regularizara la situación.

Por su parte, la mujer cuya solicitud de empadronamiento llevó el acusado al Ayuntamiento sin su consentimiento aseguró que en diciembre de 2006 le dieron de baja del padrón de la Vall d'Uixó y de alta en el de Cabanes y denunció que le habían falsificado la firma.

Denuncia

El senador de Compromís Carles Mulet, que siendo concejal del Ayuntamiento de Cabanes denunció en 2007 el empadronamiento de 40 personas en el municipio en domicilios del alcalde y de sus familiares, del entorno del yerno del empresario Jesús Ger o de gente del PP, ha lamentado en un comunicado que la justicia «ha tardado 13 años en emitir sentencia condenatoria contra el empadronamiento irregular en Cabanes previo a las elecciones municipales de 2007».

Asimismo, ha denunciado que «el caso ha vivido toda clase de vicisitudes»: «Desde el propio equipo de gobierno se destinaron recursos municipales contratando servicios jurídicos para entorpecer sistemáticamente la instrucción, y se llegó a archivar en diversas ocasiones, hasta que al final los dirigentes políticos o los funcionarios imputados quedaron a un margen y simplemente se centró el caso en la falsificación de una firma, amigo personal del yerno de Ger, la persona que ha acabado condenada».

Mulet ha valorado que la sentencia «no es ni mucho menos una sentencia satisfactoria» porque «el fraude electoral ha quedado impune». «Se demuestra que la legislación actual tiene graves lagunas, permitiendo a personas ajenas a un municipio alterar la voluntad municipal con el simple gesto de empadronarse en un domicilios en los que nunca van a vivir, en pueblos con los que no tienen ningún vínculo, todo para el beneficio de terceros, que también ha quedado impunes», ha concluido.