Una sentencia del TSJ condena a la Pobla de Vallbona a devolver 759.618 a la empresa promotora de un PAI de 3.118 viviendas y un campo de golf
El fallo estima parte de las demandas de la empresa por los gastos de promoción, formalización y gestión del PAI anulado mientras Gobierno (PP) y oposición (Compromís y PSPV) se culpan mutuamente
Manuel García
La Pobla de Vallbona
Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:23
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), según han señalado desde el PSPV mediante un comunicado, ha condenado al Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona al pago de 759.618 euros a la empresa promotora del programa de actuación integrada (PAI) del Sector Golf-Pobla que, finalmente, se anuló y no se llevó adelante por la crisis económica de la pasada década. El veredicto del TSJ confirma el que en su momento dictó ya el juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de València. Esta resolución ha generado un cruce de declaraciones entre los componentes del actual equipo de gobierno, con el PP al frente, y la oposición, al considerar que la culpa en este caso es del contrario.
Según el comunicado, del PSPV, el fallo estima una parte de las peticiones de la empresa demandante contra el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona por los gastos soportados en la promoción, formalización y gestión del programa de actuación hasta su resolución, valorados en los citados 759.618 euros «en virtud del convenio que en el año 2004 firmaron el entonces equipo de gobierno del Partido Popular y la mercantil, si bien el acuerdo bilateral nunca fue aprobado por la correspondiente sesión plenaria».
El texto de la sentencia subraya que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona «bajo gestión del PP», «se obligó a promover, en el término de diez años el desarrollo del sector por gestión indirecta, pero de no conseguirlo, garantizó el reembolso bien mediante gestión directa, bien mediante modificaciones del planeamiento y, en todo caso, garantizó el reembolso».
La otra parte de la demanda de la empresa consiste en reclamar otros 781.565 euros, más el IVA, que satisfizo en concepto de la cuota urbanística por la ejecución viario estructural RV-26, tramo este de la variante CV-375 no ha sido aceptado ya que la sentencia considera que el convenio «no contiene previsión específica sobre dicha devolución, tratándose de un pago a cuenta de las obligaciones urbanísticas que se deduciría de las cargas que en futuro correspondería satisfacer».
La sentencia, según la versión socialista, añade que la solicitud de devolución en concepto de cargas «no contiene disposición alguna relativa en el convenio; al no haber dispuesto mediante convenio no cabe, en aplicación de dicho acuerdo, acordar el reintegro». Esta cantidad corresponde en su condición de propietaria del 52'70% de los terrenos del ámbito en concepto de cuota urbanística y pago a cuenta de las obligaciones.
Por todo ello, el fallo del TSJCV desestima los recursos de ambas partes, ayuntamiento y empresa. La primera por la negativa a devolver el dinero que la mercantil aportó para la promoción, formalización y gestión del PAI Sector Golf-Pobla y, en el segundo caso, la solicitud de la empresa de recibir las cuotas que aportó en concepto propias como propietaria.
La sentencia asevera en su parte final que el fallo no es firme y es susceptible de recurso de casación ante la Sala 3 del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV.
Sin embargo, el actual equipo de gobierno de la Pobla de Vallbona, conformado por el Partido Popular, Centrats y Cupo, han decidido aceptar la condena y ha aprobado en la sesión plenaria la devolución de los 759.618 gracias a una modificación presupuestaria con el dinero procedente de las aportaciones a cuenta del Estado en materia de impuestos.
La portavoz del PSPV de la Pobla de Vallbona, Noemí Morales, ha afirmado que esta sentencia «demuestra que estamos ante el mismo PP de siempre, aunque con distintas caras, el partido de la mentira y la manipulación; ante la falta de argumentos que justifique que de las arcas públicas se deba afrontar el pago de más de 750.000 euros, fruto del urbanismo salvaje del PP, lo único que se les ocurre es la fórmula del engaño».
Morales añade que «al contrario de lo que ha dicho el alcalde Abel Martí públicamente, el convenio del PP en 2004 no pasó por el pleno, la actual sentencia sí que era recurrible y existe un procedimiento abierto en el que se acusa al actual gobierno de desinterés en el cumplimiento del fallo y dilación de los tiempos de ejecución; no hay olvidar que fue en 2022 cuando un gobierno progresista recurrió la primera sentencia ante la chapuza del PP para defender los intereses del pueblo».
Según la portavoz del PSPV de la Pobla de Vallbona, «los tres cuartos de millón de euros podrían haber servido para mejorar el asfaltado de carreteras que se encuentran en un lamentable estado de conservación».
El PP acusa de «dejadez» e «inacción»
Por su parte, desde las filas populares, el alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, ha asegurado que «el Ayuntamiento se ve obligado a cumplir una sentencia por la dejadez y la inacción en las sucesivas legislaturas de los gobiernos regresistas de izquierdas que han dirigido el municipio durante ocho años».
Martí ha recordado que «es mentira que fuera el PP, ya que en 2011 se aprobó el convenio con los votos a favor del Bloc (Compromís) y la abstención equidistante del PSPV, que otorgaba un plazo de diez años al Ayuntamiento para encontrar soluciones y fórmulas de ejecución que permitieran desarrollar ese sector urbanístico. En aquel momento no era viable por la situación de crisis económica que atravesaba España. Sin embargo, de esos diez años, seis estuvieron gestionados por la izquierda regresista de nuestro municipio, Compromís y PSOE, que lo único que hicieron fue mirar hacia otro lado. Ni gestionaron ni defendieron los intereses de nuestros vecinos y vecinas, condenando al municipio a esta situación».
«La realidad es que la izquierda, que ha dilapidado dinero público, buscaba justificar la eliminación de este sector urbanístico. Esa fue la excusa que les permitió permanecer callados durante ocho años, limitándose a dejar pasar el tiempo, y ahora intentan tirar la culpa a otros de lo que ellos no supieron hacer: gestionar con responsabilidad», ha apuntado el primer edil.
Además, el alcalde ha lamentado que ahora, tras la sentencia, «no tenemos más remedio que cumplir con la obligación que marca la justicia y pagar esa cuantía tan elevada, garantizando que el Ayuntamiento no sea deudor de nadie y cumpla con todas sus responsabilidades. Este equipo de gobierno no se esconde, da la cara y actúa para proteger los recursos de la Pobla».
Por último, Martí ha subrayado que «mientras la izquierda se dedicó a perder el tiempo y a dejar problemas sin resolver, ya que en la legislatura anterior el agente urbanizador ya reclamó al Ayuntamiento este importe, este equipo de gobierno está trabajando con rigor y asume la sentencia y cumplirá, como no puede ser de otra forma, con la ley».
«Trabajaremos para que una situación así no vuelva a repetirse, evitando que la izquierda regrese al gobierno de nuestro municipio y que sus políticas de abandono y desgobierno vuelvan a perjudicar los bolsillos de los vecinos y vecinas de la Pobla».
