El Instituto Valenciano de la Paella, dos décadas entre el olvido y el abandono

Hoy, el panorama en el interior de este lugar es desolador. Los más de cien paelleros de piedra resisten como pueden, pero a su alrededor se acumula la suciedad, la vegetación descontrolada y las pintadas. Las dos pistas de pádel y los vestuarios tampoco se utilizan y las instalaciones deportivas van deteriorándose poco a poco. Apenas queda en el recuerdo el acto de inauguración, con paella para mil personas, ya que, poco después, el proyecto, impulsado por el empresario Enrique Bañuelos, responsable de la Fundación Astroc a la cabeza, dejó de ser viable y posteriormente comenzó una serie de pleitos. Era una época muy diferente a la actual, con multitud de proyectos de todo tipo que, vistos con otra perspectiva, se descubrieron desorbitados.

Esta situación de abandono contrasta con el camino que está siguiendo el plato tradicional valenciano, en vías de ser nombrado Bien de Interés Cultural.

La intención del Ayuntamiento de Canet, según explicó el actual alcalde del municipio, Pere Antoni Chordá, es tratar de revivir este espacio con la construcción de una piscina descubierta con toboganes y lugares de esparcimiento para toda la familia y que pudiera ser aprovechado por vecinos y visitantes para tomar un baño durante el periodo estival y, cómo no, cocinarse una paella en uno de los múltiples espacios que existen habilitados para ello.

Sin embargo, Chordá reconoce que la situación económica del municipio les impide, por el momento, fijar una fecha para que el proyecto sea una realidad. Sentencias heredadas, explicó, «con una indemnización que hemos tenido que pagar de 2,2 millones de euros, una cantidad muy elevada para nosotros, que tenemos un presupuesto anual de unos once», provocan que el proyecto sea de momento sólo una idea.

Por el camino se descartaron otras opciones como dedicarlo a autocaravanas, pero desde el Ayuntamiento se decidió no sacrificar este espacio para este fin.

El Ayuntamiento reclamó en 2007 poder hacerse cargo de las instalaciones que ocupaban suelo dotacional para abrirlas al público, especialmente la zona de los paelleros. El asunto acabó en los tribunales en 2010 con el contencioso administrativo que interpuso el Ayuntamiento a la mercantil Quabit, alegando un incumplimiento del contrato firmado. Se propuso permitir alquilar los paelleros o subarrendar las instalaciones deportivas pero las negociaciones no llegaron nunca a buen puerto.