Los vecinos anuncian una «batalla legal» contra los depósitos del puerto

Los residentes de los barrios cercanos al puerto de Alicante anuncian una «batalla legal» contra la instalación de una planta de depósitos de combustible en la zona litoral de la capital alicantina. Lo hacen después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se ha inhibido en los juzgados de Alicante, tras declararse incompetente para ver el recurso que interpuso Plataforma por un Puerto Sostenible contra la autorización otorgada por Autoridad Portuaria para la instalación de los depósitos en el muelle 19.

Por ello, la plataforma vecinal ha planteado un recurso de reposición porque, a su juicio, el alto tribunal sí es competente para ver en primera instancia los hechos.

La entidad interpuso su recurso el pasado octubre contra la autorización de la Autoridad Portuaria para la modificación sustancial de la concesión de Terminales Marítimas del Sureste -TMS- que permite la instalación de una «macroplanta de almacenamiento y distribución de combustibles» con una capacidad de 100.000 toneladas.

Frente a ello, el pasado 12 de noviembre el TSJCV se declaró incompetente para ver el recurso y lo remitió a los juzgados de Alicante. Ahora, los residentes han planteado un recurso de reposición para que el recurso se siga en primera instancia ante el TSJCV.

La plataforma recuerda que existe el precedente del recurso que se interpuso, también ante el TSJCV, contra otra modificación sustancial de la misma concesión de TMS, que en 2006 se aprobó para que se instalara una planta de biodiesel en el puerto de Alicante. Dicho recurso -interpuesto por Esquerra Unida- fue admitido por el mismo tribunal «sin que se cuestionara en ningún momento su competencia sobre el recurso, dictándose sentencia en 2010 anulando la modificación concesional».

Esta plataforma, que también ha hecho frente en los últimos años a la carga y descarga en el puerto de materiales contaminantes al aire libre, reitera que plantará «batalla legal» frente a todas las autorizaciones y licencias que pueda recibir el «peligroso despropósito» que supone para la ciudad la instalación en el puerto de una macroplanta de combustibles «más de 20 años después de que fueran eliminados los depósitos de Campsa en base a un convenio firmado en 1995 por todas las administraciones, incluida la Autoridad Portuaria». Los vecinos lamentan que 24 años después, la Autoridad Portuaria, haya permitido que «vuelva a instalarse una planta de combustibles, dejando una vez más patente la insensibilidad hacia la ciudad y hacia la emergencia climática de su presidente, Juan Antonio Gisbert».