Un promotor y exedil estafa 25.000 euros a una red eléctrica con un enganche ilegal en una parcela de su propiedad en Alicante

Un promotor y exedil estafa 25.000 euros a una red eléctrica con un enganche ilegal en una parcela de su propiedad en Alicante
Pixabay

Suministraba electricidad a 40 vecinos de partidas rurales de Novelda | Ha sido condenado a cinco meses de prisión

EUROPA PRESSAlicante

Un promotor que fue edil de Urbanismo en 2008 de Hondón de los Frailes ha aceptado una condena de cinco meses de prisión por estafar 25.000 euros a una eléctrica a través de un enganche ilegal de luz a un transformador, situado en una parcela de su propiedad, para suministrar electricidad a 40 vecinos de partidas rurales de Novelda.

El acusado se ha declarado culpable de un delito de estafa en una juicio celebrado por conformidad en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, en el que se ha tenido en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que los hechos se remontan a diciembre de 2008.

Fiscalía se ha mostrado favorable al acuerdo dado que más de la mitad de los denunciantes no han asistido al juicio porque viven fuera de España.

El hombre, que ostentaba entonces el cargo de concejal de Urbanismo de la localidad, iba a ser juzgado por utilizar un enganche a un transformador, ubicado en una parcela de su propiedad, para suministrar electricidad a 40 vecinos de partidas rurales de Novelda, a través de su empresa promotora.

El acuerdo alcanzado contempla la suspensión de la condena por un tiempo de tres años a cambio de que el encausado indemnice a los vecinos en la cantidad de 25.000 euros, y a que asuma una multa de 240 euros por la estafa realizada.

El ministerio público sostiene que la instalación no había sido contratada con la compañía suministradora ni cumplía con la normativa, por lo que la eléctrica cortó el suministro a los vecinos afectados hace 10 años.

Fiscalía pedía inicialmente cuatro años de prisión por un delito de estafa y defraudación de fluido eléctrico, además de la cantidad de 24.600 euros por las pérdidas causadas. También sostenía que los 40 vecinos afectados desconocían que la instalación era «ilegal».