La devolución de los juzgados incluye el acuerdo para abrir la Casa Natal del Poeta

Un solo acuerdo negociado durante meses por Ayuntamiento y Generalitat va a conseguir que el municipio recupere uno de los edificios más desaprovechados del centro histórico: el antiguo Palacio de Justicia, al tiempo que se regulariza el uso del actual, ubicado en la Plaza de Santa Lucía, que la Generalitat usa a modo de 'okupa' desde hace once años. El jefe del Consell, Ximo Puig, la consellera Gabriela Bravo y el alcalde, Emilio Bascuñana, acompañados de prácticamente toda la Corporación escenificaron ayer este pacto que incluye una solución administrativa para que el municipio pueda usar con todas las garantías inmuebles como el Ahogadero de la Seda del barrio de San Antón, el Museo de la Muralla y sobre todo la Casa Natal de Miguel Hernández en la calle San Juan, cerrada desde su inauguración a finales del 2016.

Bascuñana fue el encargado de desgranar los términos de un convenio para cuyo cumplimiento, puesto que acarrea numerosos trámites administrativos, se han dado un plazo de seis meses. En ese tiempo debe realizarse todo el papeleo encaminado a que el juzgado de la calle Santa Justa se ceda al municipio, un plazo en el que también se iniciará el trabajo para determinar qué obra necesita el inmueble y qué servicios municipales se podrán trasladar allí. Al mismo tiempo el Consistorio mantendrá la titularidad del edificio de la Plaza de Santa Lucía durante un plazo de diez años en los que la Generalitat tiene previsto pagar un millón de euros por su uso, aunque se reserva el derecho de adquirirlo en ese periodo así como de llegado el caso, determinar que es pequeño para lo que se necesita y pedir al Consistorio que ceda otros terrenos para levantar un nuevo inmueble en otro sitio, algo que también quedará regulado en el convenio.

Gabriela Bravo comentó respecto a la compensación económica que se pagarán 75.000 euros al año los primeros cinco ejercicios del acuerdo y que la cantidad subirá a 125.000 hasta llegar a la década que se ha fijado, de manera que si se opta por la compra lo abonado revertirá en el precio del inmueble.

Al margen de las sedes judiciales en el 'lote' entran otras instalaciones que estaban en una situación patrimonial que el alcalde definió como «compleja» y que se regulará. Se trata del Ahogadero de la Seda de San Antón, que ya se usa para tareas formativas y de promoción del empleo y que en todo caso se ocupará siempre por instalaciones municipales, el Museo de la Muralla cuyo suelo debe cederse a la Generalitat para que lo regularice y revierta al Ayuntamiento y la Casa Natal de Miguel Hernández, que tendrá que cederse a la administración autonómica para que haga la declaración de obra nueva -aunque el trabajo acabó en el 2010- y de este modo el Ayuntamiento se haga cargo de ella y pueda abrirla para el fin para el que se construyó, que era una nueva instalación donde dar a conocer la vida y la obra del oriolano más universal.

Todos los responsables políticos se deshicieron en agradecimientos para los técnicos de las distintas consellerias y del Ayuntamiento que han participado en el proceso para llegar a un acuerdo que no ha sido fácil en ningún momento, tal y como tanto Bascuñana como Puig precisaron. El jefe del Consell destacó que el desbloqueo de la situación se ha logrado con diálogo y «lejos de cualquier sectarismo», y admitió que no era ni lógico ni razonable que la situación se alargara más en el tiempo.

Después de dar cuenta del acuerdo y aprovechando que el año que viene será Hernandiano en la Comunitat con motivo del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, Puig visitó la Casa Museo del poeta de la calle Arriba acompañado por el alcalde.

• Temas
• Ximo Puig
• Emilio Bascuñana
• Miguel Hernández
• Consell