Declaran que la simulación de los alquileres de Hansa no afectaba a Hacienda

El juicio contra los máximos responsables de Hansa Urbana y el Grupo Cívica, Rafael Galea y Enrique Ortiz, respectivamente, por el presunto fraude de más de 6 millones de euros a Hacienda llega a su fase final. Ayer, desfilaron por el Juzgado de lo Penal 1 de Alicante los peritos traídos por las partes defensoras a fin de afianzar las tesis de que los alquileres puestos en entredicho, así como la calificación contable de su pago, se llevaron a cabo dentro de los marcos de la legalidad. De hecho, los especialistas aseguraron ayer que los arrendamientos de una decena de fincas en la Condomina, en la Playa de San Juan de la capital, fueran simulados o no, carecían de «fuerza transformadora» en esta materia, por lo que no afectaban a la hacienda pública.

En opinión de los peritos que han acudido a declarar, la calificación de los terrenos era correcta como inmovilizado, ya que, según han explicado, había un «destino previsible y un proyecto que la respaldaba», como el de ampliación del Campo de Golf y la construcción de un resort para la tercera edad que pretendía Hansa. De hecho, han indicado que no debería haber aparecido nunca como «existencia» un suelo cuyo destino iba a ser explotado, por lo que se subsanó el error contable.

Además, han manifestado que los contratos de arrendamiento, de los que no comparten la tesis de la Fiscalía de que eran simulados, refuerzan que se considere a estos terrenos como inmovilizado de la compañía. En todo caso, simulados o no los contratos, han afirmado que no tienen «fuerza transformadora» en esta materia, por lo que no tendría que afectar a la Hacienda Pública.

Así, han aclarado que la norma contable y la norma fiscal tienen un fin distinto y cuando se produce un choque entre ellas «prima la norma fiscal». También han coincidido en asegurar que «lo importante es la realidad material» y que «la contabilidad no condiciona los hechos».

No obstante, admiten que la discusión sobre los términos de existencia e inmovilizado es frecuente y que se trata de un tema «borroso» y «complejo», del que hay jurisprudencia y que normalmente se lleva en el ámbito contencioso-administrativa.

El juicio acaba hoy con los informes finales de las partes, con los que las acusaciones que ejercen la Fiscalía y la Abogacía del Estado presumiblemente mantendrán su petición de 4 años y medio de prisión para los reos.