Jover alega que no sabía que las 500 casas en suelo rústico eran ilegales

Construyeron un segundo Hondón de los Frailes en suelo prohibido, más de 500 viviendas, pero ni su alcalde ni su edil de Urbanismo sabían que se trataba de una ilegalidad. Así lo declaró ayer el primer edil del municipio del Vinalopó, Eleuterio Jover García (PP), en el juicio por el que está acusado de un delito de prevaricación por la vorágine urbanística de la década entre 1997 y 2007. «Sabíamos cero de de urbanismo», adujo el popular, quien se mantiene en el cargo de la localidad, de ahora unos 1.200 habitantes, desde el año 1995 hasta la actualidad.

El Ministerio Público, en cambio, le reclama, al igual que al exconcejal José Ramón Gámez, año y medio de prisión y otros diez años de inhabilitación por permitir la edificación de auténticas urbanizaciones, como señalaron los agentes del Seprona que investigaron el caso, en una treintena de parajes naturales.

En lugar de viviendas, lo que se tramitaba desde el Ayuntamiento eran licencias para la construcción de aperos, vallados o albergues agrícolas. Cuando la Guardia Civil se personó en las zonas afectadas se topaban con chalés con barbacoa y piscina. No obstante, el máximo responsable de la población confiaba en el anterior edil de Urbanismo, ya fallecido, y en el secretario accidental, gravemente enfermo.

«Me dejaban la carpetilla y yo firmaba», declaró el primer edil, «eran personas de máxima confianza», ya que él solo acudía a la casa consistorial «una vez a la semana», como declaró a preguntas de su letrado, Moisés Candela Sabater. El abogado apuntó en su informe final que, pese a todo, el primer edil no desatendió sus funciones e, incluso, advirtió de que el delito de prevaricación por omisión no se encontraba recogido en el Código Penal en las fechas del desmadre urbanístico.

Por su parte, el que fuera edil de Urbanismo entre 2003 y 2007, José Ramón Gámez, «veía normal que se construyera allí», como él mismo aseguró. Es más, «desconocía totalmente que hay suelo donde no se puede construir», todo y pese a que entonces administraba una empresa de material de construcción y en la actualidad una promotora, según dijo el defendido por Ángela Coquillat.

Se trata de unos hechos que partieron de la denuncia presentada hace una década por otra mercantil de material de construcción, representada en el proceso por el letrado Manuel Perales, por los delitos de prevaricación y coacciones, ya que aseguraban que los encausados obligaban a los constructores a pasar por sus almacenes.

Por aquel entonces, en 2006, la Diputación Provincial promovió el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad y ya había asentadas un buen número de viviendas ilegales. Así lo recogió la Guardia Civil en su informe en el que alertaron a los responsables municipales de que los vallados eran en realidad urbanizaciones. «Un segundo Hondón de los Frailes o más», se atrevió a detallar el instructor del atestado en el que se recogen imágenes aéreas de los núcleos poblacionales, entre otras diligencias.

El juicio sirvió para sacar a relucir los escasos medios con los que contaba el Ayuntamiento de Hondón de los Frailes por aquellos años, en los que solo una administrativa y el secretario accidental, que lo era «porque escribía muy bien en el colegio», como informó el alcalde, conformaban la plantilla municipal, amén de los concejales.

Ahora, el Ayuntamiento negocia con la Generalitat Valenciana la manera de dar forma de legalidad a todas las edificaciones que en su día se construyeron al margen de las leyes autonómicas que regulan esta materia, según la Fiscalía.