El Consell presenta un plan de ajuste del sector público sin definir recortes

El Consell dio a conocer ayer que ha remitido al Ministerio de Hacienda un Plan de Ajuste que, paradójicamente, no se ajusta a lo que se entiende por un plan. Vayamos al diccionario, pues, que dice sobre 'plan': 'Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla'. El Ejecutivo ha presentado ante el ministerio que dirige Cristóbal Montoro el informe imprescindible si quiere cobrar fondos del FLA este año. Desde la Generalitat se aseguró ayer que seguirá reivindicando los 1.325 millones ficticios que forman parte del presupuesto autonómico en el actual ejercicio y que está «en la senda de la estabilidad sin aplicar recortes». De este modo, el Consell cuadra el círculo y obra el milagro de los panes y los peces, a pesar de que no sabe ni cómo, ni cuándo, ni en cuánto ni a quién afectará.

Desde el Palau de la Generalitat se cuenta con recibir un dinero generado por una mejora de la financiación que es casi imposible lograr (no hay margen de tiempo para negociar un cambio de modelo que pueda aplicarse ni siquiera retroactivamente a medida que pasan las semanas y no se ha logrado un acuerdo para formar Gobierno) y se prevé reducir el gasto «sin aplicar recortes».

Ese es el plan de ajuste. La contención del gasto no está definida. Aún debe concretarse. Ayer, a pesar de la presentación del plan por parte del Consell, nadie pudo especificar en qué consistirá. Las actuaciones ofrecidas a Montoro, señala el Consell, «contempla una reducción del presupuesto del sector público empresarial y fundacional del 7,45%», que aún está pendiente de ajustar, según fuentes de la Generalitat. Igualmente, «otra de las líneas estratégicas del plan de ajuste es la elaboración de una Ley del Sector Público que determinará las entidades que son estrictamente necesaria para el funcionamiento de los servicios públicos», considera el Ejecutivo, si bien no fue hasta hace una semana que se constituyó una comisión (criticada en su momento por Oltra debido a que la integran solamente hombres) para empezar a estudiar una normativa respecto a la cual los criterios son todavía puras generalidades.

«Ni Ciegsa ni Ciegsitas»

Oltra no pudo especificar ayer en qué consistirá el recorte del sector público instrumental que barrunta desde hace meses el Ejecutivo, si conlleva un gran número de despidos o la desaparición de alguna empresa pública en concreto. No obstante, sí terminó por señalar que con el anterior gobierno autonómico, en manos del PP, el sector público se «instrumentalizó para crear puestos directivos con salarios descomunales» y se utilizó para el desvío de fondos. Ahora se pretende actuar desde la Generalitat como «motor que genere oportunidades». En esta línea, argumentó que, por ejemplo, la empresa de construcción de centros escolares Ciegsa no era necesaria porque los colegios eran «un 33% más caros que los de la Conselleria. Se creó para sobrecostes y crear una estructura innecesaria que nos ha dejado un agujero de 1.000 millones de euros. Se creó para saquear. En este gobierno no caben ni Ciegsa ni Ciegsitas». Además de barajar el recorte de las empresas públicas, Oltra también apuntó hacia un sector de la plantilla de la Generalitat. La vicepresidenta condenó la «red clientelar» de empleos generados en años anteriores, por lo que se preguntó y se contestó a sí misma: «¿Esta medida puede comportar que no sigan los enchufados? Claro que sí, de eso se trata».

En cualquier caso, Oltra no pretendía explayarse en qué le puede ofrecer el Consell a Montoro para recibir el FLA, sino al revés, en aquello que no ofrece el Estado a la Comunitat y provoca, por tanto, que se deba utilizar el fondo de liquidez. La portavoz del Gobierno autonómico calificó de «irrenunciables» los 1.325 millones de euros adicionales. La vicepresidenta advirtió de que la «dicotomía» es o no cumplir los objetivos de déficit o «anular» derechos fundamentales. Igual que en su primera rueda de prensa como portavoz del Consell, hace nueve meses, Oltra se preguntó si habrá que sacar a niños de colegios, a los enfermos de los hospitales o a los dependientes de las residencias.

La portavoz recordó que actualmente los presupuestos de la Generalitat dedican el 23% a pagar deuda. En este sentido, añadió que el crecimiento de esa deuda está relacionado con el FLA, una «traición», porque cambia «derechos por préstamos y sistema de financiación por FLA. El Gobierno de España nos cambia un derecho por un préstamo que agranda más la deuda y nos hace cada vez más inviables», explicó, para añadir que seguirán denunciando y movilizando a los ciudadanos porque este trato «no es tolerable en un sistema constitucional».