El centro de día de Sax abre sus puertas después de permanecer cinco años cerrado

Cinco años y cinco días. Como si se tratase de una condena. Éste es el tiempo exacto que ha tardado el centro de día de Sax en abrir sus puertas desde que fuese inaugurado a bombo y platillo por la exministra Leire Pajín, allá por marzo de 2011.

El complejo socio-sanitario arrancó ayer por fin la actividad para la que fue construido, dentro de los proyectos del primer Plan E del gobierno de Zapatero. Eso sí, lo hizo al ralentí. A primeras horas de la mañana, tan solo una usuaria se encontraba en sus instalaciones. Horas después ya se incorporaron dos internos más. No obstante, a lo largo de la semana se prevé que llegue el resto de beneficiarios, hasta completar las 25 plazas que han sido subvencionadas por la Generalitat que destinará un total de 235.600 euros al año.

Seis de estos pacientes proceden de otras residencias de la comarca, mientras que las 15 restantes nunca habían estado en un centro, pese a tratarse de personas mayores con algún tipo de dependencia. Por suerte para ellas, la ayuda económica se les mantiene de por vida, en el supuesto de que no empeore su patología y no puedan ser atendidos adecuadamente en el centro de Sax. Otro de los logros obtenidos tras el cambio de gobierno autonómico es la anulación del copago sanitario, medida que ha supuesto un importante ahorro para los bolsillos de los internos.

Capacidad

El centro de día de Sax tiene capacidad para 50 pacientes, a los que hay que sumar 10 más en régimen de residentes durante las 24 horas. Sin embargo, la puesta en marcha de este último servicio todavía queda lejos en el horizonte, ya que las habitaciones habilitadas ni siquiera disponen de camas.

La empresa Centro de Día Senelx gestionará el centro durante los próximo's diez años, ya que las instalaciones son de titularidad municipal. Pese a que se convocó concurso público, tan solo se presentó la citada mercantil, a la que el Consistorio sajeño decidió adjudicar la explotación.

A cambio, la empresa deberá abonar al Ayuntamiento 18.000 euros anuales (720 euros por plaza ocupada). Requisito éste que varía notablemente las anteriores pretensiones del Ayuntamiento, que, incluso, estaba dispuesto a revertir a la empresa adjudicataria hasta 30.000 euros anuales con el fin de minimizar una posible pérdida económica.