IFA debe más de 65 millones y solo es viable con el apoyo del Consell

La Institución Ferial Alicantina (IFA) arrastra una deuda financiera y con otros proveedores superior a los 60 millones de euros que anunció el pasado mes de septiembre, en su primera visita a los pabellones, el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent. La bola se agranda. A 31 de diciembre, solo la deuda con entidades financieras se eleva a 65 millones de euros, de los que 37 millones se deben al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) (el brazo financiero de la Generalitat, que aspira a convertirse en su banco público) y 28 millones a terceros. Así se recoge en el último informe de auditoría independiente que recibió el visto bueno por el comité de dirección hace unos días y que, en su caso, será aprobado por el Patronato de la entidad el próximo jueves, día en el que se inicia la denominada 'refundación' de IFA.

Los 28 millones que debe IFA a terceras entidades financieras (no se especifica cuáles son) disponen, según las cuentas abreviadas del ejercicio y el informe auditor, de un aval o bien del propio IVF, bien directamente de la Generalitat Valenciana. Además, la institución ferial, cuyos actuales y anteriores gestores tendrán que dar cuenta de la evolución en los últimos años ante la comisión de investigación constituida recientemente en Les Corts, presenta un fondo de maniobra negativo de 53 millones de euros. La deuda a corto plazo con todas las entidades financieras se eleva a 46 millones de euros, de los que 27,6 millones corresponden al propio IVF. Además, tiene débitos con proveedores derivados de su propia actividad comercial por importe de otros 8,2 millones.

El auditor destaca que, como IFA pertenece al Sector Público Valenciano desde enero de 2014, tiene acceso al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Ministerio de Hacienda, «lo que le ha permitido hacer frente a gran parte de la deuda mantenida hasta la fecha con sus proveedores, tanto de inmovilizado como de corrientes; esta consideración le permitirá hacer frente a sus compromisos futuros adquiridos en el desarrollo normal de su operativa».

En el apartado de la firma Deloitte sobre salvedades o apreciaciones, el auditor deja meridianamente claro que el futuro de IFA va ligado indisolublemente al apoyo financiero que siga prestando la Generalitat Valenciana y sus instituciones vinculadas, incluido el propio instrumento financiero oficial, que dirige Manuel Illueca, el cual accederá en breves fechas al Patronato, una vez que se celebre el último de la anterior era de gestión el próximo jueves, con el presidente Manuel Román y el director general Antonio Galvañ a la cabeza.

Afirma el auditor que la institución ferial tiene en la actualidad un proyecto cuyo desarrollo se halla interrumpido. Se refiere al polémico IFA Arena, motivo principal de su lastre económico y financiero. Añade Deloitte que el IFA Arena le permitiría ampliar su actividad y mejorar la rentabilidad en los próximos ejercicios. «Como consecuencia de la forma en que se han planteado las inversiones en dicho proyecto, IFA presenta un fondo de maniobra negativo derivado de la deuda a corto con entidades financieras y proveedores de inmovilizado, siendo necesaria financiación adicional para finalizar las obras de urbanización de los terrenos», añade el auditor, para quien «las circunstancias anteriores indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de IFA para continuar como empresa en funcionamiento, la cual está condicionada a la continuidad del apoyo financiero y operativo de la Generalitat Valenciana, esta cuestión no modifica nuestra opinión», subraya Deloitte.

Otra de las salvedades que hace el auditor tiene que ver, precisamente, con el valor del polémico IFA Arena. El inmovilizado material de IFA incluye un importe neto de 43,1 y 17,4 millones de euros del Arena y los terrenos y construcciones asociados al pabellón dos, respectivamente. El auditor afirma que no se ha podido «evaluar la razonabilidad» de su valor neto contable al 31 de diciembre de 2014 al no disponer de información actualizada de su valor de mercado. «No obstante, y dado el descenso en los precios del mercado inmobiliario de los últimos años, es probable que en caso de haber dispuesto de dicha tasación se hubieran puesto de manifiesto minusvalías en dichos activos». Ya en 2013, Deloitte advirtió sobre este hecho. No todos los miembros del comité de dirección respaldaron la auditoría, que, no obstante, tiene que ser aprobada por el Patronato. El director general de Comercio, Natxo Costa, se abstuvo al corresponder a la «etapa anterior», según aclaran fuentes de la Conselleria de Economía Sostenible. Otros vocales firmaron, pero con objeciones.