Urbanismo opta por el traslado de Torre Placia por su menor coste económico y social

El equipo de gobierno tripartito ha decidido, finalmente, ratificar la postura de su antecesor, el gobierno del PP, acerca del conflicto de Torre Placia. La Concejalía de Urbanismo ha remitido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte un decreto en el que se inclina por el traslado de la torre, en vez de mantenerla en su lugar y demoler las viviendas construidas en el entorno protegido de la misma.

El decreto se inscribe en el procedimiento para cumplir la sentencia que obligaba a la demolición de 11 de los 45 bungalós construidos en el entorno de protección del Bien de Interés Cultural (BIC).

Como alternativa, para evitar las demoliciones, el PP planteó, en pasadas legislaturas, la compra de la torre a su propietario, su desmontaje y su traslado a otra parcela de propiedad municipal.

Por ello, instó al Ministerio el inicio del procedimiento para el traslado de la torre, que comenzó en septiembre de 2015. Sin embargo, en el proceso se ha producido un cambio de gobierno y el nuevo concejal de Urbanismo y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, no lo tenía tan claro. Siempre se había mostrado más partidario de las demoliciones que del desmontaje de la torre, por entender que son las viviendas de Azalea las que se construyeron mal, y no al revés.

De hecho, en el decreto que ha remitido al Ministerio deja claro que la solución del traslado de la torre «no es la que se considera más adecuada desde el punto de vista de la conservación del patrimonio cultural y que su mantenimiento 'in situ' sería lo más adecuado de cara a preservar los valores culturales asociados al BIC».

No obstante, claudica por motivos económicos y de «interés social». Y es que, explica, la «delicada» situación económica del Ayuntamiento «se vería agravada si se optase por la solución del mantenimiento de la torre en su actual emplazamiento». Y es que estiman que la adquisición y traslado de la misma puede costar alrededor de cuatro millones de euros, mientras que su permanencia y la demolición de las 11 viviendas existentes en su entorno inmediato podría duplicar holgadamente esa cifra.

Además, ponen por delante el «perjuicio social» que conllevaría para las familias residentes la demolición de sus viviendas.

Por ello, dice, se inclina por la opción del traslado. Una opción que tiene su encaje legal en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, que contempla como excepción a la imposibilidad de traslado de un BIC las causas de interés social.

Será el Ministerio de Cultura el que dirá la última palabra. Éste ya emitió un informe negativo y contrario al traslado, pero abrió la puerta a que si el Ayuntamiento lo consideraba se le hicieran llegar otras razones para reconsiderar su postura.

Si finalmente da vía libre al traslado de Torre Placia, el Ayuntamiento tiene pensado financiarlo con el remanente del presupuesto 2014. Pavón explicó ayer que quedan aún siete millones, de los cuales cuatro se destinarán al pago de esta sentencia, de forma que no tendrán que incorporarse al presupuesto 2016.

Responsabilidad patrimonial

En este sentido, el concejal de Urbanismo insistió ayer en que están estudiando pedir responsabilidad patrimonial a los cinco concejales del PP que aprobaron al concesión de la licencia en el año 2000. Se trata de la entonces alcaldesa en funciones, María Teresa Revenga, y los entonces concejales de Cultura, Urbanismo, Educación y Fiestas, Pedro Romero, José Luis Pamblanco, Carlos Alcalde y Andrés Llorens.

Urbanismo ha encargado un informe a los servicios jurídicos para dirimir si es posible pedir esta responsabilidad, para que los ediles respondan con sus patrimonios por la sentencia.