El Consell habilita una paga de 426 euros para 400 autónomos en paro

El Consell habilita una paga de 426 euros para 400 autónomos en paro

El conseller Climent anuncia el inicio de un plan para el colectivo, pero algunas asociaciones critican la medida al considerarla muy insuficiente

BERNAT SIRVENTAlicante

Los autónomos mayores de 45 años y sin prestaciones en la Comunitat Valenciana tendrán acceso a la ayuda de los 426 euros, iniciativa que se incluirá en los presupuestos de 2016, según informó ayer la Generalitat Valenciana en un comunicado. El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, anunció esta medida que dará cobertura a unos 400 autónomos de la Comunitat, según datos de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

Esta iniciativa contará con un presupuesto de un millón de euros en los próximos presupuestos de la Generalitat, según la Conselleria, y dará respuesta a una demanda planteada por el colectivo de autónomos.

«En la actualidad hay más de 330.000 autónomos en el País Valenciano y representan el 20 % de nuestro PIB. Esta es una de las primeras medidas para ayudar a este sector productivo de nuestra economía», añade el conseller de Economía Sostenible. Añade que «en estos momentos» están preparando «más acciones» para «facilitar la vida» del colectivo de autónomos, y que van a «poner en marcha planes que den solución al desempleo no solo de los autónomos» sino de «trabajadoras y trabajadores de larga duración y sin prestaciones».

La medida causó cierta sorpresa, cuando no indiferencia, entre las principales asociaciones de autónomos de la provincia y la Comunitat. Así, el secretario de la federación FAES-CV, Diego Menor, cree que la dotación económica de 1 millón de euros no es la adecuada para atender a todos los autónomos en el paro y sin prestación de ningún tipo «y va a generar más problemática, por lo que ese dinero podría dedicarlos la Conselleria a otras políticas de fomento de los autónomos y el emprendedurismo», añade Menor, el cual califica de «sangrante» que los autónomos que están acabando su prestación por desempleo no estén equiparados con los trabajadores por cuenta ajena con ayudas familiares u otros subsidios como el de 426 euros. Además, se pregunta «quiénes van a ser los afortunados beneficiarios y los que se van a quedar fuera de esta ayuda, tendrá que afinar mucho la Conselleria con esta orden, aunque FAES está abierta para aportar ideas».

Para Julio Luján, portavoz de la Plataforma de Autónomos y Emprendedores, todo apunta a que con esta ayuda de mínimos para supervivencia de los autónomos sin actividad y sin prestaciones «ocurrirá como con las ayudas para montar nuevos negocios, cobrarán los primeros y el resto ya se verá». «Lo que es necesario es que se arregle la economía, pues los autónomos no queremos limosnas para subsistir», subraya Luján, quien se mostró hace unos días muy crítico con el impago que se está produciendo de nuevo, con el recién estrenado Gobierno valenciano, de las subvenciones de la UE finalistas para los parados que montan un pequeño negocio tras salir de la bolsa del paro al acabarse el presupuesto que se había fijado la Conselleria anterior.

Apoyo desde Madrid

A juicio del presidente de la asociación UPTA, Francisco Javier Pastor, «ésta no es la solución, los autónomos no queremos ser subsidiados, queremos herramientas y medidas que ayuden a mantener nuestros negocios y familias».

Va más allá y considera que, la medida anunciada por el conseller Climent, «nos acerca un poco más a los trabajadores por cuenta ajena, en consecuencia es una medida de base social y muy en la línea del actual Consell; no nos soluciona el problema, pero sí que evita en el primer momento entrar en una situación de total exclusión social». Pese al escaso número de beneficiarios con un millón de euros, unos 400 autónomos, califica la medida de «buena». Pastor cree que ahora hay que reclamar entre el Consell y todas las plataformas de autónomos que el Gobierno central se implique en este plan y complemente con fondos transferidos desde el Gobierno de Madrid.