El Gobierno abre la puerta a la contratación de personal para municipalizar servicios

Los tiras y aflojas que ha generado en las últimas semanas la reunión entre el Ayuntamiento de Alicante y el Ministerio de Hacienda para pedir una flexibilización del plan de ajuste municipal hacían prever que el encuentro sería tenso. No se daban las mejores condiciones para alcanzar acuerdos pero lo cierto es que ambas partes salieron ayer de la reunión más que satisfechas.

Sobre todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, quien obtuvo el permiso del Gobierno central para incrementar el gasto en el capítulo de personal. Condición indispensable para la municipalización de contratas, uno de sus grandes objetivos para la legislatura.

Desde el ministerio explicaron que la única condición es que el Ayuntamiento compense el incremento del gasto en el capítulo uno, es decir, el de personal, con una reducción del capítulo 2 de gastos, que es el de bienes y servicios. Esta condición complica las cosas para municipalizar contratas grandes, con mucho personal, como la de limpieza y mantenimiento de dependencias municipales y colegios, ya que el coste de personal es muy elevado. Será más fácil, sin embargo, hacerlo con contratas más pequeñas, como la del Cementerio, que es la primera a por la que irá el Ayuntamiento. Estudiarán, no obstante, todas las que caduquen, una a una, para ver las posibilidades.

Desde el ministerio expusieron que lo importante es «mantener la senda de contención del gasto y cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria», según manifestaron después. «Los ayuntamientos son soberanos para decidir cómo lo consiguen y cómo compensan los gastos en diferentes partidas», añadieron.

Además, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas puso sobre la mesa la posibilidad de amortizar el importe del préstamo del segundo plan de pago a proveedores, por valor de 26,9 millones de euros, para liberarse definitivamente de las restricciones del plan de ajuste.

Una medida que atrae al Ayuntamiento, pero que la concejal de Hacienda, Sofía Morales, asegura que es «difícil» que se vaya a poder poner en marcha, porque no disponen de fondos suficientes.

En cualquier caso, el portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido, explicó que elaborarán este estudio de viabilidad y se lo entregarán a Hacienda en menos de un mes.

Finalmente, en el encuentro el Ayuntamiento también planteó la necesidad de cubrir las plazas vacantes, que hasta ahora tenían que amortizarse. El departamento ministerial aceptó cubrir las plazas no amortizadas de la plantilla en un 50 por ciento con carácter general y en un 100 por ciento en el caso de servicios esenciales.

Por parte del ministerio asistieron la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro; y el subdirector general de Estudios y Financiación de Entidades Locales, Gabriel Hurtado, mientras que la delegación del Ayuntamiento estaba integrada por el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, de Compromís; la concejal de Hacienda, Sofía Morales, del PSOE; la asesora de Guanyar Esther Rubio; el jefe de servicio de Economía y Hacienda, Pablo Ortiz; y el interventor municipal, Francisco Guardiola.

El alcalde, Gabriel Echávarri, había excusado la semana pasada su asistencia por motivos de agenda, y el vicealcalde y líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, se cayó a última hora de la convocatoria por encontrarse enfermo.

Los representantes municipales hicieron hincapié en que actualmente las arcas municipales están saneadas y en que se está pagando a los proveedores por debajo del plazo máximo establecido. Una situación muy distinta a la que tenía el Consistorio en 2012, cuando se aprobó el plan de ajuste que establece una serie de recortes y restricciones al Ayuntamiento durante diez años, con el objetivo de poder hacer frente al pago del crédito concedido para pagar a proveedores.

Desde el Ministerio de Hacienda reconocieron la labor realizada por el Consistorio alicantino en los últimos años para sanear sus cuentas. Definieron la situación económica de 2012 como «desfasada» y constataron que en 2013 y 2014 se ha ido «normalizando», hasta el punto de que se paga a proveedores en una media de 22,1 días. Es decir, 7,9 días por debajo del plazo exigido por ley, que es de 30 días. Un plazo que está muy por debajo de la media nacional, que está en 38 días.

Y expusieron que lo importante es mantenerse en esta senda «sin incrementar la deuda ni retrasar el pago a proveedores».