El Constitucional suspende la reserva del Ebro que se adjudicó Aragón

Menos de un año ha durado la vigencia de la ley de Aguas y Ríos de Aragón, ya que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido de forma cautelar 16 artículos y una disposición que pueden invadir las competencias del Estado sobre la planificación de los ríos intercomunitarios, como el Ebro. La medida afecta principalmente a la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos de la cuenca del Ebro que se adjudicó el gobierno de Aragón.

La suspensión se produce después de que el TC haya admitido a trámite el recurso presentado por el Consejo de Ministros contra la ley de aguas de Aragón, que a juicio del Ejecutivo central otorga a dicha comunidad autónoma competencias exclusivas que corresponden al Estado. Como consecuencia de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad, la ley de aguas aragonesa ha quedado suspendida de forma cautelar.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 31 de julio la interposición de este recurso contra la norma que regula las aguas y los ríos en Aragón. El Ejecutivo central recurrió la ley con el argumento de que atribuye a Aragón competencias exclusivas, así como competencias asumidas por transferencia o encomienda del Estado, en materia de aguas intra e intercomunitarias.

Además, el recurso cuestiona que la normativa aragonesa conceda a esa comunidad competencias exclusivas en materia de determinadas obras públicas.

El Ejecutivo plantea en su escrito que las aguas intercomunitarias que discurren por Aragón, pertenecientes a las cuencas del Ebro, del Tajo y del Júcar, son «competencia exclusiva y plena del Estado, según el artículo 149.1 de la Constitución».

También considera inconstitucional el Gobierno que preside Mariano Rajoy que Aragón haga referencia a competencias asumidas por transferencia o encomienda del Estado, o que la ley aragonesa asuma que van a existir convenios para transferir determinadas competencias del Estado para la gestión de las aguas.

El hecho de que el Estado cuente con competencias exclusivas plenas en aguas intercomunitarias, «busca asegurar el principio de unidad de cuenca y una gestión homogénea del recurso», argumenta el Ejecutivo.

El Gobierno de Aragón anunció ayer que defenderá la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos del Ebro para uso de los aragoneses, recogida también en el Estatuto de Autonomía, en las alegaciones que presentará al Tribunal Constitucional tras su decisión de suspender cautelarmente la ley de aguas de esta comunidad autónoma.

Así lo indicó el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo aragonés, Joaquín Olona, quien defendió que se trata de una cuestión de interpretación.

Recordó que el TC ha suspendido de forma cautelar los dos artículos que son objeto de recurso de inconstitucionalidad, el que hace referencia a la reserva hídrica y el relativo al otorgamiento de concesiones y autorizaciones, que no afecta a las competencias y actuaciones del Instituto Aragonés del Agua.

Tras recibir la notificación del TC, el Gobierno de Aragón tiene quince días para presentar unas alegaciones que, según avanzó Olano, serán «siempre defendiendo» los 6.550 hectómetros cúbicos de reserva que están recogidos expresamente en el Estatuto de Autonomía.

La ley de aguas recurrida por el Gobierno central fue aprobada durante el mandato de la popular Luisa Fernanda Rudí al frente del Gobierno aragonés, que ahora se encuentra presidido por el socialista Javier Lambán gracias a un pacto de investidura suscrito con Podemos.