Anticorrupción acusa a la comisión de Mercalicante de tolerar el desfalco

La última jornada del juicio del 'caso Mercalicante' sirvió para dejar más evidente, si cabe, la postura que ha mantenido en todo momento la Fiscalía Anticorrupción: los políticos auspiciaron los desmanes económicos que llevaron a la sociedad a la quiebra y cargaron 'el muerto' a José Emilio Clavero Labad, gerente desde 1998. Asimismo, el fiscal del caso, Felipe Briones, exculpó a dos de los acusados, entre los que se encuentra la mujer del prófugo, en la sesión celebrada ayer en la Audiencia Provincial por el desfalco de más de 5 millones de euros en el mercado mayorista.

El representante del Ministerio Público hizo un repaso de cómo llegó Mercalicante, participada por el Ayuntamiento de Alicante y la empresa estatal Mercasa, a la quiebra. En dicho relato, Briones resaltó que «examinando los controles, se evidencia imposible que el gerente cometiera tantas fechorías como se le atribuye sin el conocimiento ni el consentimiento de su comisión ejecutiva».

Este órgano colegiado, al que el consejo de administración delegó gran parte de sus funciones, lo componía el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, como presidente, y y dos concejales del PP, Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant, así como dos consejeros propuestos por la firma estatal Mercasa, Gonzalo Simón y Segundo Bermejo, este último ya fallecido. Todos ellos estuvieron imputados en la causa en la fase de instrucción, pero fueron exculpados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) -en el caso de Díaz Alperi por su condición de aforado como diputado autonómico- y la Audiencia de Alicante.

Precisamente por aquel entonces, se aprobó el plan de expansión de Mercalicante, entre cuyos proyectos figuraban la implantación del SIME, el mercado electrónico, la construcción de una nave multiservicios, una frigo conservadora, la lonja y una urbanización de ampliación del complejo agroalimentario. Según sostuvo el fiscal, se aprobaron contratos sin las preceptivas licitaciones públicas que derivaron en sobrecostes que cifró en 4,9 millones de euros, cuando cifra en más de 300.000 euros el beneficio ilícito que pudo obtener Clavero al frente de la firma.

Todo un compendio de aventuras ruinosas que revertieron en beneficios y que requirió de la inyección de capital por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, sobre el desistimiento de la implantación del SIME, por el que se pagaron millones de pesetas y no arrancó, aseguró Briones que fue así «por una lucha» entre el Consistorio y Mercasa por quedarse un 3% de los beneficios anuales.

«A la empresa le interesaba cargar toda la responsabilidad que tenía, todo, al señor gerente», afirmó Briones, quien justificó su decisión de no presentar cargos contra seis de los siete acusados que han sido localizados para el juicio con la expresión, «no acusando a generales, no se puede acusar a soldados por la misma responsabilidad».