El tribunal tumba los intentos de las defensas para anular el juicio por Mercalicante

Tras más de una década, con los 57 tomos que integran la causa y con un sabor descafeinado, arrancó ayer en la Audiencia Provincial el juicio por el presunto saqueo de las cuentas de Mercalicante por parte del exgerente fugado de la entidad, José Emilio Clavero Labad. El Ministerio Público le pide 4 años de cárcel y le acusa de aprovechar su cargo para disponer de fondos e inversiones bursátiles sin autorización de la entidad, participada en un 51,2% por el Ayuntamiento alicantino y en un 48,3% por la empresa nacional Mercasa, dependiente del Ministerio de Agricultura.

La primera sesión se inició con un intento de las defensas de los siete procesados para enterrar el proceso sin ni tan siquiera celebrarse el juicio. No obstante, el esfuerzo por tumbar la vista oral resultó nada exitoso, pues el tribunal deliberó durante media hora sobre las cuestiones previas planteadas por la legión de abogados y no fue necesaria la suspensión de la vista.

En el banquillo se sentaron ayer la mujer de Clavero, su jefe de contabilidad, Miguel Ángel Ramo, y el informático de la empresa Tanos Ingeniería y Sistemas SL, Ángel Moreno, responsable de implantar el mercado electrónico. En su interrogatorio, Ramo aseguró que «en la última etapa, en Mercalicante «se temía» a Emilio Clavero.

El acusado, para quien la Fiscalía pide un año preso, señaló que Clavero «me dijo que no le tocara la cuenta de gerencia -ya que fue él quien se la consignó, de la cual el exgerente se valió para ir retirando efectivo- ni le pidiera explicaciones, que ya justificaría lo que tuviera que justificarme».

Mercalicante y el Ayuntamiento también actúan como acusaciones particulares, aunque sobre este último, el tribunal de la Sección Segunda también tuvo que ratificar su legitimidad tras la queja de las defensas de los acusados en la fase de las cuestiones previas. Así, estos acusadores reclaman para Clavero 22 años de cárcel y amplían las responsabilidades penales a cinco implicados presentes ayer en la primera sesión de la vista oral, para los que la Fiscalía solicita la absolución.

Antes, el primero en plantear una posible laguna legal en torno a la mujer del principal acusado, el gerente huido de la justicia, fue el representante de la Fiscalía Anticorrupción, Felipe Briones. Al estar la procesada acusada de un delito que de base habría cometido presuntamente Emilio Clavero, tanto el fiscal como las defensas deslizaron a la Sala un posible motivo de suspensión. El tribunal no lo creyó así, pues la ley recoge mecanismos para salvar dicha laguna, según expuso el magistrado presidente.

Asimismo, los letrados de las partes acusadas reclamaron la prescripción de los delitos para sus patrocinados, aduciendo que para muchos de ellos no se solicitó la práctica de diligencias por el juzgado de instrucción en períodos de hasta siete años. No obstante, la Sala consideró que esta circunstancia no resulta válida para admitir la prescripción de los delitos, ya que «el caso no estuvo parado» durante ese tiempo.

Por ello se pudo iniciar el interrogatorio a los acusados, en el cual el contable constató las presuntas irregularidades de Emilio Clavero, aunque no dio parte de forma expresa a la comisión ejecutiva, que presidía el alcalde de Alicante entonces, Luis Díaz Alperi, y en la que figuraban también los regidores locales Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant. Los políticos declararán hoy como testigos, pese a que Anticorrupción sostiene la tesis de que el gerente actuaba bajo las directrices de los responsables públicos.

La Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana exculparon a los políticos contra el criterio de la Fiscalía, quien deslizó que se pudieron enmascarar bajo autos de sobreseimiento sentencias absolutorias.