El expresidente de Terra Mítica señala a su director financiero por las facturas

La cuarta sesión del juicio por el caso Terra Mítica arrancó ayer, de nuevo, con cierto retraso. Dos horas de demora. Tres acusados no se encontraban en la sala a la hora prevista. Otro procesado pidió ausentarse porque tenía prevista una operación de cataratas. El tribunal rechazó la petición. No se trataba de una cuestión urgente, argumentaron.

La fiscalía solicitó la retirada del pasaporte de los 35 acusados en la macrocausa. El argumento que esgrimió es que el riesgo de fuga de los procesados se ha disparado al rechazar el tribunal las cuestiones previas planteadas por las defensas. En especial, la prescripción del delito fiscal del año 2000. El tribunal acordó decidir sobre este particular en la sentencia aunque en el auto adelanta que, de entrada, acepta las tesis de las acusaciones. El ministerio público considera que esta circunstancia sumada a las altas penas de cárcel que solicita para algunos de los acusados puede alimentar la idea de una fuga ante una hipotética sentencia condenatoria. La Abogacía del Estado secundó la petición de la fiscal del caso.

Las defensas, en cambio, respondieron con asombro ante la petición de la fiscalía, que calificaron de insólita. De hecho, acusaron a la fiscalía de querer buscar un «titular de prensa» con una petición huérfana de cualquier sustento jurídico. En definitiva, los abogados consideran que no se ha producido ningún hecho novedoso que justifique la adopción de esta medida. Es más, subrayaron que nunca antes, durante los diez años de instrucción de la causa, se había pedido esta medida cautelar. También negaron al existencia de movimientos de dinero al extranjero, un hecho que la investigación no ha contrastado.

El tribunal finalmente aceptó los argumentos de las defensas y rechazó retirar el pasaporte y la comparecencia de los acusados para firmar en el juzgado, tal y como solicitaban las acusaciones.

Al final de la mañana comenzó la declaración del expresidente del consejo de administración de Terra Mítica Luis Esteban, quien se enfrenta a siete años de prisión. En resumen, declinó su presunta responsabilidad en los hechos y aseguró que él no controlaba el día a día del parque temático. Apuntó que las facturas que se pagaron corresponderían a servicios reales. Y, en caso contrario, derivó toda la responsabilidad hacia el director financiero de las instalaciones, el encargado de controlar esta materia.

Esteban explicó que los sobrecostes en la construcción del parque de Benidorm se debieron a «inconvenientes que fueron surgiendo». Negó haber tomado decisiones «personales». Siempre las sometió al criterio del consejo, según sostuvo. En su declaración, Esteban afirmó que lleva diez años esperando para declarar y que no tiene «ni idea» del coste que se planteó inicialmente para el proyecto de construcción que, según detalló, alcanzó finalmente los 51.000 millones de pesetas.

El expresidente de Terra Mítica se mostró molesto antes la pregunta de la fiscal sobre el pago de supuestas facturas falsas. «Me ofende que me haga esa pregunta», respondió. Posteriormente, aclaró que no se dedicaba «al día a día» de la empresa. «Si no es conforme una factura, el director económico-financiero, o su departamento, no debería haber dado el visto bueno». Atribuyó esta responsabilidad a Miguel Izquierdo.

Esteban, que presidió también la sociedad previa (SPTA) a la constitución de Terra Mítica, negó conocer a uno de los principales acusados, el empresario Vicente Conesa. Reconoció que no tenía experiencia en el sector de la construcción porque él era consignatario de buques. El acusado negó conocer a las empresas que supuestamente facturaron trabajos de jardinería al parque. Defendió que la contratación no pasó por el consejo ni por la comisión ejecutiva.