Se resolverá en sentencia las peticiones de nulidad del juicio por Terra Mítica

La Audiencia Provincial de Valencia resolverá en sentencia las cuestiones previas planteadas por las defensas de los 35 acusados en el juicio de Terra Mítica, que mayoritariamente reivindicaron la prescripción de delitos y reclamaron la nulidad de diversas pruebas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la sala ha decidido finalmente pronunciarse sobre estas peticiones en sentencia, de forma que el juicio se reanudará el próximo martes, 14 de abril, con las declaraciones de los acusados.

En las primeras dos sesiones, celebradas el 24 y 25 de marzo, las defensas de los 35 acusados en el macrojuicio del caso Terra Mítica solicitaron de forma unánime la "prescripción general" de los delitos contra la Hacienda pública y falsedad, además de plantear otras cuestiones previas.

En este proceso se juzga un supuesto fraude superior a los cuatro millones de euros en el que habrían colaborado exdirectivos de este parque de atracciones ubicado en Benidorm y decenas de empresarios, mediante la presentación de facturas falsas.

Concretamente, se atribuyen a los 35 procesados delitos contra la Hacienda pública, estafa y falsedad en documento mercantil y los cuatro ex altos cargos de Terra Mítica se enfrentan a penas de prisión que oscilan entre los siete y los diez años, según la petición del Ministerio Fiscal.

La sección quinta ha rechazado la petición formulada por la defensa del empresario imputado Vicente Conesa para que pudiese sentarse junto a su abogado porque "conllevaría un serio problema de distribución material de efectivos", si bien le autoriza a comunicarse por notas a través de los funcionarios judiciales.

La defensa de Conesa pidió la expulsión de la letrada de Terra Mítica en esta causa por supuestamente haber participado en reuniones anteriores con este empresario en las que, según la defensa, recibió información que ahora utiliza para sustentar la acusación.

Este extremo también ha sido rechazado, al "no existir en el ordenamiento jurídico la posibilidad de recusación de un letrado parte del procedimiento por otro letrado" y no constar denuncia alguna contra esta letrada.

Sobre la petición de los abogados del turno de oficio de suspender el juicio hasta que se acuerde una retribución mayor a los 14 euros por vista que reciben actualmente, la sala reconoce que se trata de una remuneración miserable, pero considera que una cuestión administrativa no puede afectar al desarrollo del juicio.

También se rechaza la petición de nulidad de las grabaciones que dos exdiputados socialista realizaron a dos de los empresarios imputados, al dar validez la sala a jurisprudencia que concluye que "la vulneración se produce cuando se grana la comunicación de otro y no con otro" y otras sentencias que dan validez a grabaciones subrepticias.

Se rechaza asimismo la solicitud previa de prescripción de los delitos contra la Hacienda pública, ya que tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones defienden que constan diligencias que anularían dicha prescripción.

Por el contrario, se permitirá a los acusados ausentarse de las vistas -cuya duración se estima en seis meses-, excepto en aquellas sesiones en las que deban prestar declaración, dada la excepcionalidad de este macroproceso.